GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)
El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) manifestó hoy que considera «no legítimo» la argumentación realizada por el PP de Granada, que atribuyó ayer «irregularidades» o «incorrecta interpretación» del máximo órgano consultivo en Andalucía en relación a un dictamen de un expediente urbanístico de Alhendín (Granada), porque su pronunciamiento «no le conviene».
En un comunicado remitido a Europa Press, el CCA indicó que «no todos los medios de argumentación resultan siempre legítimos» y no lo es, desde luego, la «descalificación de una institución que tiene acreditada su autonomía, independencia y solvencia jurídica dentro y fuera de la comunidad autónoma» sólo por el hecho de que su pronunciamiento no conviene a una «situación jurídica o política concreta».
Por primera vez, en los 13 años de funcionamiento del Consejo Consultivo de Andalucía, este órgano «ha sido objeto de una descalificación pública por parte de un representante político local», lamentó, en alusión a Carvajal (PP) que hizo las declaraciones referida en la presentación de las conclusiones de la Comisión de Investigación de Alhendín.
Aclaró que, en su función de garante de la legalidad constitucional, se pronuncia sobre las cuestiones sometidas a su conocimiento sólo y exclusivamente a través de sus dictámenes, sin entrar en «debate público» con los órganos consultantes, y mucho menos, con quienes «ni siquiera ostentan tal condición».
En concreto, sobre el contenido de lo que el referido representante político, Antonio Carvajal, calificó impropiamente de «irregularidades» o «incorrecta interpretación» cometidas por el CCA, éste manifestó que fue el Ayuntamiento de Alhendín el que sometió a dictamen del órgano, el 25 de agosto de 2006, un expediente de Modificación del Plan Parcial API S-1, de su PGOU.
Con la modificación el Ayuntamiento, que dispone de 4.740 metros cuadrados de suelo escolar, se propone ampliar este uso hasta obtener una parcela de 8.110 metros cuadrados para uso docente, «suprimiendo una parcela destinada a uso deportivo, y añadiéndole suelos residenciales, procedentes de cesiones obligatorias y de viales».
El referido expediente municipal fue dictaminado en sentido desfavorable, con el acuerdo unánime de la Comisión Permanente, porque, en primer lugar, el Ayuntamiento de Alhendín tiene en tramitación, en paralelo con el expediente de modificación sometido a consulta, otro expediente de Revisión parcial del PGOU de la localidad, que «pretende desafectar de su uso educativo el actual Colegio Público «Sagrado Corazón de Jesús», para destinar su suelo a uso residencial».
Así, entiende el CCA esta Revisión del Plan General –que aún no ha sido sometida a su dictamen preceptivo y vinculante y cuya aprobación definitiva corresponde a la Junta de Andalucía– debe «tramitarse y dictaminarse con carácter previo a la Modificación del Plan Parcial, no siendo de aplicación al presente supuesto el artículo 13.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía».
Sólo cuando esté aprobada la Revisión del Plan General y queden definitivamente establecidas sus determinaciones sobre el suelo equipamental y docente, podrá el Consejo evaluar el expediente y dictaminar con pleno conocimiento de causa.
«VICIO PROCEDIMENTAL»
Además, el CCA ha apreciado, además, un «vicio procedimental» que, sin tener carácter invalidante, debe ser subsanado. Se trata del informe previo y preceptivo del secretario de la Corporación, en los asuntos que exijan una mayoría especial, como es el caso.
Ante las discrepancias existentes en la documentación cartográfica contenida en el expediente y destacadas en los informes de la Delegación provincial de Obras Públicas, igualmente obrantes en el expediente, sobre algunas determinaciones del planeamiento, el Consejo Consultivo se limitó a solicitar la oportuna aclaración por parte de la Administración consultante.
En suma, el Consejo Consultivo de Andalucía, sin entrar a valorarla cuestión de fondo propuesta en el expediente que le fue sometido por el Ayuntamiento de Alhendín, se limitó, pues, a exigir el «estricto cumplimiento de la legalidad», tanto de carácter urbanístico como procedimental, argumentando en derecho su dictamen desfavorable.
Este órgano, institucionalmente «obligado» a velar por la observancia de la Constitución y las leyes, desde la más estricta objetividad e independencia, «sólo puede argumentar en términos jurídicos, para lo cual precisa de sus eventuales interlocutores, cuando menos, un mínimo rigor técnico y algún conocimiento del derecho y las leyes que nos rigen y nos obligan a todos».

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