GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)
El empresario y representante legal de una de las fincas del Parque Natural de Castril (Granada), Rafael Aibar, al que la Fiscalía abrió diligencias de investigación penal el pasado 31 de octubre por posibles injurias sobre el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Gerardo Sánchez, remitió hoy un escrito al fiscal jefe, al no haber recibido, según aseguró, escrito ni comunicación de ninguna clase sobre esta denuncia.
En el escrito remitido por Aibar, al que hoy tuvo acceso Europa Press, el empresario le pide al Ministerio Público que le comunique si existe denuncia alguna contra su persona por parte de Sánchez, después de que en el decreto emitido hace 15 días por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se le otorgara un plazo de diez días para que alegara lo que a su derecho convenga.
En el citado decreto, al que tuvo acceso Europa Press el pasado 31 de octubre, la Fiscalía establece que las declaraciones realizadas en medios de comunicación sobre el delegado provincial pudieran «entrañar alguna responsabilidad con trascendencia penal», por lo que acuerda iniciar las investigaciones.
En la denuncia que presentó Sánchez el pasado 18 de octubre se daba cuenta de algunas de las manifestaciones realizadas por Aibar, quien acusó al socialista de «actuar de mala fe en los distintos contenciosos que mantiene con él aumentando la protección de zonas del parque», así como «de viajar al Caribe y hospedarse dos semanas en el Hotel Hilton consumiendo botellas de ron y disfrutando de su estancia en presencia de chicas muy jóvenes».
Asimismo, el que ganara, tras un proceso judicial, la titularidad de una finca de Castril criticó la actitud del delegado que «en junio de 2004 compartió con el «clan de Armilla» –el alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara; el ex concejal de Urbanismo en el municipio y ex vicepresidente de Diputación, Gabriel Cañavate; y el propio Sánchez– mesa y mantel en la boda de la hija de Tomás Olivo –imputado en la operación Malaya y promotor del Parque Nevada–«.
Tras la sentencia que resolvió a favor de Aibar el conflicto de doble inmatriculación registral de una de las fincas del parque, se han producido, según explicó el propio Sánchez, reacciones y apariciones públicas de los propietarios que pretenden «presionar», de esta forma, a la Delegación provincial para que permita la instalación de una cantera en dicha finca.
Posteriormente, pretendió el particular que la Consejería de Medio Ambiente comprara la finca por valor de 27,5 millones de euros, si bien en 1996 había sido vendida por 420.000 euros, lo que «deja patente», según explicó en anteriores ocasiones Sánchez, que se trata de un «pelotazo especulativo».
Aibar ha acusado en varias ocasiones a la Junta de Andalucía de «no haber invertido» nueve millones de euros de fondos europeos destinados al espacio protegido, así como de «haberlos desviado».
Ante la decisión del ministerio público de iniciar la investigación, Aibar tiene diez días de plazo para alegar lo que a su derecho convenga.

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