GRANADA, 7 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular de Granada ha enviado una carta con acuse de recibo al secretario de Organización del PSOE, José Blanco, instándolo a que se pronuncie sobre la postura que va a tomar la dirección nacional socialista, después de que el alcalde de Gualchos-Castell de Ferro y diputado provincial, Miguel Torres Maldonado, haya sido condenado a un año de prisión y siete de inhabilitación por un delito urbanístico.
Según informó el PP en un comunicado remitido a Europa Press, a través de la misiva el secretario general de los populares de Granada, Antonio Ayllón, recordó que hace escasas fechas el propio Blanco presentaba a nivel nacional un decálogo contra la corrupción, y se «llenaba la boca» al asegurar que el PSOE «iba a imponer mano dura e iba expulsar del PSOE a toda persona sobre la que pesasen indicios razonables de criminalidad o de actuaciones irregulares».
En este sentido, Ayllón preguntó al dirigente socialista si la condena de un año de cárcel y siete años de inhabilitación no es un «indicio razonable» para que este señor deje su cargo e insistió en que el PSOE provincial, «lejos de cumplir con el mensaje de su partido, ha hecho oídos sordos al defender y respaldar públicamente la actuación de un alcalde que ha sido condenado a un año de prisión».
Ante esta circunstancia, el Partido Popular de Granada pidió al número dos de Zapatero que se pronuncie y que en el ámbito de la relación entre ambos partidos, manifieste su postura sobre el caso Castell. «En caso de no hacerlo –apuntó Ayllón– el PSOE demostrará que su discurso está vacío y que el famoso decálogo se trataba de una campaña más de imagen con la que el PSOE ha intentado salir al paso de los escándalos urbanísticos que están aflorando en distintos puntos de España, la gran mayoría protagonizados por cargos del PSOE», apostilló.
Por otra parte, advirtió de que este decálogo deja en «muy mal lugar» al PSOE granadino, que a día de hoy «ha perdido toda la credibilidad en la lucha contra la corrupción, no sólo lavándose las manos ante casos flagrantes, sino que además no se ha achantado al respaldar públicamente escándalos urbanísticos de la magnitud del caso Castell de Ferro o el caso Armilla».

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