GRANADA, 30 (EUROPA PRESS)
El PP de Granada ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al delegado de Medio Ambiente de la Junta en Granada, Gerardo Sánchez, el presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, y al ex vicepresidente de dicha institución, Gabriel Cañavate, por la posible comisión de los delitos de prevaricación y contra el medioambiente por su gestión en la carretera de La Cabra.
En rueda de prensa, el portavoz del PP en la Diputación, Antonio Granados, explicó que durante la actuación de los socialistas en la carretera provincial A-4050, que une Almuñécar con el Suspiro del Moro, han sido talados ejemplares de «arenaria delaguardiae», una especie vegetal protegida.
Las obras fueron autorizadas, según el PP, en virtud de una «irregular declaración de emergencia» y sin el previo informe de impacto ambiental que fue emitido un año después, cuando el daño era ya «irreparable».
Según los populares, el 4 de agosto de 2005 el entonces presidente en funciones de la Diputación, Gabriel Cañavate, declaró de «emergencia» las obras de la carretera por el «grave peligro de seguridad vial» sin especificar cuál era éste y sin que concurrieran los acontecimientos catastróficos previsto para optar por la declaración de emergencia.
Asimismo, el PP estima que con su actuación, los socialistas aprobaron un Informe ambiental que se transformó en Estudio de Impacto ambiental, lo que contraviene, a su juicio, la legislación al respecto porque «no se respetó el trámite y se aprobó de forma simultánea a la declaración de emergencia un precipitado estudio de impacto ambiental de «nula validez».
Tampoco se cumplió con el trámite de «exposición pública», por lo que, en opinión del PP, se evidencian «importantes irregularidades e ilegalidades» en la tramitación del expediente y en su ejecución.
Por todo ello, el PP solicita la inspección ocular del lugar afectado, que se libre de oficio a la Diputación, a fin de que por quien corresponda remita el expediente completo de tramitación de las obras de la A-4050, así como cualquier otra diligencia o prueba que la Fiscalía estime necesario practicar.

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