GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía mostró hoy públicamente su apoyo al delegado de Medio Ambiente en Granada, Gerardo Sánchez, a su vez, secretario general de la agrupación local del PSOE de Armilla, tras la dimisión del que fuera concejal de Urbanismo del municipio y vicepresidente de la Diputación, Gabriel Cañavate, y el anuncio del actual alcalde, Antonio Morales Cara, de no presentarse a la reelección.
En rueda de prensa, la delegada del Gobierno de la Junta en Granada, Teresa Jiménez, aseguró que Sánchez cuenta «con todo el respaldo» de la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, del Gobierno andaluz y con el suyo propio como delegada, pese a la crisis que atraviesa el partido en Armilla.
De este modo, Jiménez respaldó al que es uno de los integrantes del conocido como «clan de Armilla», desarticulado estas últimas semanas tras la dimisión de Cañavate en una «decisión personal» y el anuncio de Morales Cara de no presentarse a la reelección por no contar, según dijo, con el «apoyo de la dirección provincial».
Este último extremo fue negado ayer por el secretario de Organización del PSOE de Granada, Juan Manuel Fernández, que aseguró la de Morales Cara fue una «decisión personal» del propio edil, que calificó de «acertada».
Por su parte, la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María José López, aseguró a preguntas de los periodistas, que cuando dijo en voz baja al presidente autonómico, Manuel Chaves, «ya te contaré despacito lo de Armilla» en su anterior visita a Granada, «nada tenía que ver con los acontecimientos que se han desencadenado después –dimisión de Cañavate y anuncio de Morales Cara–«.
El motivo que el regidor socialista achacó a la decisión de no presentarse a la reelección es su enfrentamiento con la Junta de Andalucía por el proyecto de ampliación de la Feria de Muestras, si bien la renuncia de Morales viene precedida de la dimisión del concejal de Urbanismo de Armilla y vicepresidente de la Diputación de Granada, Gabriel Cañavate, tras la polémica sobre su patrimonio y la investigación abierta por la Fiscalía a raíz de una denuncia del PP por presuntas irregularidades en la tramitación del centro comercial Nevada, promovido por Tomás Olivo, imputado en la operación Malaya.

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