GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)
El delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Gerardo Sánchez, ha recibido el apoyo unánime de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Castril (Granada), que ayer celebró una reunión ordinaria en el Centro de Visitantes del mismo parque, con la participación de 24 componentes.
Según informó la Junta en una nota de prensa remitida a Europa Press, tal como se estableció en el orden del día, el delegado aclaró el conflicto por las reclamaciones patrimoniales de Rafael Aibar, representante de los hermanos Expósito Sánchez, –que se querellaron contra Sánchez por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad contra la administración de justicia, estafa y falsedad de documento público– y sobre las inversiones ejecutadas por la Consejería de Medio Ambiente en el citado Parque Natural en el periodo comprendido entre los años 1990-2006.
Así, el delegado detalló las inversiones e invitó a los miembros de la junta a conocer el contenido de los expedientes y a visitar todas y cada una de las actuaciones. Según indicó, el volumen total de la inversión se eleva a la cantidad de 18 millones de euros, tal y como la Consejera de Medio Ambiente informó en el Parlamento Andaluz.
A raíz de esta intervención los miembros de la Junta Rectora, por unanimidad, acordaron prestar todo su apoyo al delegado provincial y a los funcionarios de la Delegación sobre «las continuas presiones que por parte de Aibar vienen recibiendo y que sólo persigue obtener un desmedido beneficio económico».
El delegado de Medio Ambiente presentó en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 19 de octubre una denuncia en la que manifiesta «la presión» y «el posible delito de acoso» que, según dijo, sufre desde hace meses por parte de los hermanos Expósito Sánchez, propietarios una de las finca del Parque Natural de Castril.
En rueda de prensa, Sánchez aseguró que, ante el «acoso» que ha venido sufriendo en los últimos meses, se sintió en «la obligación y necesidad», como cargo público, de acudir a la justicia para que defienda su trabajo, los intereses de la Junta de Andalucía y de los ciudadanos, según valoró, «frente a unos particulares que quieren que la Delegación adopte decisiones injustas e ilegales para que ellos se lucren con 4.559 millones de pesetas».

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