SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
El abogado de Inmaculada Echeverría, Ignacio Fernández, anunció esta misma tarde a Europa Press que la decisión de su defendida de formular por escrito su testamento vital, que en un principio estaba fijada para mañana, se ha pospuesto «para dentro de unos días».
Fernández, quien reconoció que en un principio estaba previsto que un técnico de la Secretaria General de la Delegación Provincial de Salud de la Junta en Granada se desplazase mañana hasta el Hospital San Rafael, puntualizó que esta decisión «se ha pospuesto por espacio de unos días», si bien declinó concretar los motivos por los que se ha pospuesto dicha toma del testamento vital.
Por su parte, fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero consultadas por Europa Press señalaron que desde la Junta «seguimos estando a la absoluta disposición de la paciente para que cuando estime oportuno se le realice su testamento vital».
Con todo, Montero ya quiso dejar claro esta misma mañana, en declaraciones a Europa Press, que si finalmente lo que la paciente solicita es la retirada de su soporte vital «el caso irá también a los tribunales por la controversia jurídica que existe, en cuanto a la limitación del esfuerzo terapéutico, vulgarmente conocido como eutanasia pasiva».
La titular andaluza del ramo se refirió a la «controversia jurídica» existente respecto a la interpretación «de esa segunda parte del artículo del Código Penal que pone la frontera entre la limitación del esfuerzo terapéutico y la eutanasia».
En concreto, explicó que, en el caso de que la paciente ingresada en el Hospital San Rafael Granada «solicite por escrito y con plena potestad de sus facultades que se la «desenchufe de la máquina», el siguiente paso que daría la Junta sería convocar al Comité Autonómico de Etica e Investigación Sanitaria, el cual determinaría y daría su opinión acerca de todas las condiciones clínicas que han rodeado este caso», concretó.
«Una vez tuviésemos las deliberaciones de dicho Comité de Etica y la solicitud por escrito de la paciente, nos dirigiríamos a los tribunales», prosiguió Montero, quien insistió en el hecho de que la necesidad de acudir a las instancias judiciales responde a la «controversia jurídica que existe en relación a que supone la limitación del esfuerzo terapéutico, un tema que en última instancia tienen que dirimir los tribunales».
Con todo, subrayó que, «hasta esta misma mañana, todavía no tenemos la solicitud exacta de cual es la voluntad de la paciente y, por tanto, el procedimiento que ha solicitado», una cuestión, precisó, «que es muy importante, ya que nosotros –la Junta– no vamos a aventurarnos en saber que es lo que pide porque tenemos que tener siempre una constancia clara de lo que solicita».
«Estaríamos hablando de dos procedimientos radicalmente contrarios», argumentó Montero, tras referirse a que si lo que la paciente pide es la inyección de una sustancia «estaríamos ante un claro caso de eutanasia activa y ni siquiera haría falta llevar el tema a los tribunales, ya que le comunicaríamos que ese elemento, según el Código Penal, es imposible».
Así, insistió en que, sólo en el caso en el que la solicitud por escrito responda a una retirada del soporte vital, su departamento llevaría el caso de Inmaculada al Comité Autonómico de Etica, «que creo que tienen mucho que decir y que aportar en este tema, aunque en última instancia serían los tribunales quienes debería de dirimir la situación».
«La literatura en relación con esta materia establece como un requisito absolutamente imprescindible tener claro cual es la voluntad de esta señora y que, la misma, exprese con claridad que es lo que pide», reiteró Montero, quien dijo que «no es lo mismo solicitar la inyección de una sustancia que pedir la retirada de un soporte vital».
TESTAMENTO VITAL.
En cuanto a la toma del testamento vital, Montero señaló a Europa Press que este recurso «sólo opera cuando la paciente no tiene capacidad para expresar por si misma qué tratamientos quiere o no recibir».
«Por tanto el testamento vital no operaría en estas circunstancias, salvo que esta paciente no pudiera en algún momento de su proceso expresar su voluntad», aclaró, por otra parte, al tiempo que añadió que el testamento «no es un paso previo al hecho de que la paciente solicite por escrito que quiere exactamente que el sistema sanitario haga».
PRIMER CASO EN ANDALUCIA.
Montero dijo que éste es el primer caso en Andalucía que recuerde «en el que se produce que una señora que está conectada a un soporte vital, como es la ventilación asistida, pueda expresar su voluntad por sí misma y pida la retirada del aparato».
«Este caso, que sepamos, no ha existido en otras ocasiones, en las que lo que han existido han sido peticiones de familiares, de ahí la importancia del testamento vital –en aquellas situaciones», explicó la consejera del ramo.

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