GRANADA, 25 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decretado el archivo de la denuncia interpuesta por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Granada contra el sacerdote F.J.M.M., que previamente se querelló contra el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez.
Según el decreto al que tuvo acceso hoy Europa Press, el ministerio público considera que con la prueba aportada «no es posible» establecer garantías de que se haya producido «apropiación de documentos y bienes», como sostuvo el Cabildo en su denuncia, por lo que decreta archivar las diligencias de investigación penal estimando que el denunciante «puede acudir a la jurisdicción civil para la satisfacción de sus pretensiones».
Al denunciado, que fue nombrado archivero de la Catedral de Granada en 2000, se le encargó en ese año realizar un «completo y exhaustivo inventario de documentación, libros y demás bienes muebles que conformaban el Patrimonio de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Granada».
Por ello, relata el fiscal, tuvo acceso a «múltiples documentos y material de toda índole, cuya titularidad o derechos corresponden al Cabildo». El fin era la confección de un extenso libro general de carácter científico e histórico sobre la Catedral de Granada que no ha sido publicado y que provocado múltiples controversias judiciales.
Según la denuncia, F.J.M.M., coordinador de la obra, realizó en fecha no concretada un «inventario general» con todo el material del que dispuso, si bien «no hizo entrega del supuesto inventario realizado y llevó a cabo la retirada de diversos bienes muebles que pudieran pertenecer a la Iglesia», afirmó el Cabildo.
En marzo del presente año, el denunciando, en contestación a un requerimiento notarial, «negó de forma tajante» todo lo denunciado y explicó que todos los bienes retirados «eran de su propiedad» por lo que entendía había sido «difamado».
«El inventario que venía realizando lo dejé, como todo lo que no me pertenecía, en el archivo, en las carpetas donde se colocó cuando vino de la Curia», manifestó el ahora ex archivero, que según dijo, hizo «copia del inventario que yo dejé en el archivo y lo entregué en soporte CD a la Catedral».
Por ello, entiende el ministerio fiscal, que no se puede establecer con «garantías» que esta apropiación «haya tenido lugar» por cuanto no se sabe «qué documentos o bienes le fueron entregados para su custodia, ni en qué fecha concreta se hizo dicha entrega». Es más, continúa el decreto, «ni siquiera están adecuadamente descritos ni se sabe cuáles han sido en su caso devueltos y en qué condiciones».
De los datos aportados a la Fiscalía se desprende que el inventario «pudo finalmente realizarse de forma limitada y existe una clara discrepancia en orden a su custodia pero esta disparidad no permite», a juicio del fiscal, «la utilización del proceso penal para la satisfacción de los legítimos intereses del Cabildo».
Por eso estima que debe abandonarse el procedimiento penal para dirimir la cuestión planteada, si bien la discusión en orden a la entrega efectiva del inventario realizado «parece que podría dar lugar a la reclamación pertinente pero siempre en el ámbito de la jurisdicción civil», precisó. Tras notificar el decreto, el denunciante podrá si lo considera oportuno reiterar su denuncia ante el juez de Instrucción competente.
La denuncia contra el sacerdote se interpuso tras concluir sin avenencia el acto de conciliación celebrado el pasado 21 de junio en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Granada, entre el Cabildo Catedralicio y el sacerdote F.J.M.M., quien previamente se querelló contra el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, por los presuntos delitos de calumnias, injurias, coacciones, lesiones y acoso moral.
Dicha querella se tramita actualmente en el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, donde precisamente el pasado martes concluyó la declaración de los testigos aportados por el ex archivero, y respecto a la cual el fiscal no estimó oportuno unir las diligencias que ahora archiva al apreciar que «existe no conexidad».
El ministerio fiscal, que solicitó al juez de Instrucción 1 el archivo de la querella, concluye además que existe una «evidente discusión» entre el Arzobispado de Granada y el denunciado.

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