GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)
El delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Gerardo Sánchez, anunció hoy que ha presentado en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una denuncia en la que manifiesta “la presión” y “el posible delito de acoso” que, según dijo, sufre desde hace meses por parte de los hermanos Expósito Sánchez, propietarios una de las finca del Parque Natural de Castril, así como por su representante, Rafael Aibar.
En rueda de prensa, Sánchez aseguró que, ante el “acoso” que ha venido sufriendo en los últimos meses, se sintió en “la obligación y necesidad”, como cargo público, de acudir a la justicia para que defienda su trabajo, los intereses de la Junta de Andalucía y de los ciudadanos, según valoró, “frente a unos particulares que quieren que la Delegación adopte decisiones injustas e ilegales para que ellos se lucren con 4.559 millones de pesetas”.
Según recordó, el 9 de marzo de 2005, la Audiencia Provincial de Granada hizo pública una sentencia que resolvió un pleito entre los empresarios almerienses y el Ayuntamiento de Castril por la titularidad de una finca de Castril. En este sentido, insistió en que, en este pleito, nunca estuvo inmersa la Administración autonómica.
A partir de entonces, según consideró, se produjeron reacciones y apariciones públicas de los propietarios que, de esta forma, pretendieron presionar a su Delegación para que se permitiera que en esta finca, ubicada en Parque Natural, se lograra instalar un cantera. En segundo lugar, según apuntó, los propietarios pretendieron que la Consejería de Medio Ambiente comprara la finca y, más tarde, que ésta fuera adquirida por un tercero con la mediación de la Junta. Para ello, bajo su punto de vista, utilizaron “la presión mediática” y “difamaciones” de su persona.
En cuanto al beneficio que los propietarios obtendrían si la Delegación Medio Ambiente les permitiera la construcción de la cantera o bien le comprara la finca, Sánchez recordó que en 1996, la finca fue vendida por un precio de 420.708 euros (70 millones de pesetas), mientras que la oferta que Rafael Aibar hizo a la Consejería fue de 27,5 millones de euros.
“Es decir, que pasó de 70 millones de pesetas a 4.620 millones de pesetas de beneficio en nueve años, lo que deja patente que se trata de un pelotazo especulativo de 4.550 millones de pesetas que estos señores pretenden lograr a costa de la Administración”, afirmó.
CRÍTICAS A LA PRESIÓN DEL PP
El delegado de Medio Ambiente también expresó su “sorpresa” y “estupor” ante el papel que el PP y, particularmente, la parlamentaria Carolina González Vigo “está jugando en esta operación especulativa”, al asegurar que “ha entrado en la estrategia de los hermanos Expósito”.
En este sentido, se preguntó “qué relación le une al PP con los empresarios almerienses y qué ganan los populares al apoyar esta estrategia”, a la vez que le instó a que desautorice a su parlamentaria o que explique qué pretende con esta actitud.
Respecto a la crítica vertida por los empresarios, y de la que se hizo eco el PP, sobre presuntas irregularidades en la aplicación de nueve millones de euros de fondos europeos destinados a inversiones en el Parque Natural de la Sierra de Castril, el delegado manifestó su “sorpresa” ante esta cantidad. “No sé de dónde se sacan esta cifra”, aseguró Sánchez, que explicó que la inversión que se ha ejecutado desde 1990 es de 18.098.609 euros.

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