SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, rechazó hoy que se haya cometido alguna irregularidad en la aplicación de nueve millones de euros de fondos europeos destinados a inversiones en el Parque Natural de la Sierra de Castril, en Granada, y garantizó la correcta gestión de esos fondos ante las críticas del PP-A, a quien acusó de defender los intereses privados de un propietario particular de una finca del parque.
En comparecencia parlamentaria a fin de informar sobre la situación medioambiental de este parque natural y las inversiones desarrolladas, entre otros aspectos, la consejera respondió a la petición del PP sobre el destino de los fondos europeos y avaló que se han acometido todas las obras previstas, «sin que haya ningún problema con las certificaciones».
Expuso en este sentido que la Junta no ha recibido de la UE ninguna queja o muestra de irregularidad financiera cometida al entregarles los saldos de los fondos recibidos, por lo que subrayó que la Consejería de Medio Ambiente no tiene ninguna preocupación si el PP pide a la UE que investigue el destino de estos fondos, como ha anunciado su portavoz parlamentaria de Medio Ambiente, Carolina González Vigo. «Si quiere abrir una queja, hágalo, otra cosa es que usted quisiera que los fondos se hubieran aplicado sólo en la finca que usted defiende», le emplazó.
Coves, que detalló los proyectos e inversiones llevados a cabo desde 1991 en el parque natural y su entorno, por valor de 18 millones de euros, acusó a la diputada del PP-A de tan sólo defender los intereses de un propietario particular, que mantiene varios litigios contra la Administración y ya le fueron concedidas más de 500 hectáreas de una finca a raíz de una sentencia favorable del Tribunal Supremo.
A este respecto, en cuanto a la reclamación en sede administrativa de una persona jurídica que reclama al Ayuntamiento de Castril dos nuevas fincas, que representan unas 1.400 hectáreas, la consejera esperó a que haya un decisión en los tribunales, y «mientras tanto se considera válida la consideración registral y por tanto esas dos fincas son públicas».
Así, acusó al PP de haberse «desenmascarado» en la defensa de estos intereses privados y no de intereses generales. «Por fin sé que modelo defiende el PP», dijo la consejera para remitirse al caso del municipio de Navas del Marqués en Castilla y León, gobernado por el PP, y a la tala de diez millones de árboles cada año reconocida por el Gobierno regional, «sin que nadie pida dimisiones».
Coves expuso que, en el parque natural, el terreno privado asciende al 45 por ciento del parque y aseguró que tanto las 500 hectáreas del propietario particular como los terrenos afectados por reclamación técnico administrativa «seguirán manteniendo condición forestal y dentro del parque natural».
ESTACION DEPURADORA
Asimismo, la consejera explicó la situación de la estación depuradora de aguas residuales instalada en el parque y la comparó con la de Morón de la frontera (Sevilla), construida por la Junta, concedida al Ayuntamiento y que se debe reparar al no haber sida puesta en funcionamiento. Apuntó que ya hay un expediente para la concesión de las obras, cuya fecha límite es el 13 de noviembre, con un contrato de 256.000 euros y con un plazo de seis meses para la ejecución de las obras.
En cuanto a los vertidos de aguas residuales no depuradas acontecidas, indicó que se produjeron fuera de los límites del parque natural y dentro del término municipal de Castril, por lo que instó, en cuanto a unas posibles responsabilidades penales y/o administrativas, a la competencia local.
Por último, en cuanto a las «dudas» de González Vigo sobre una posible relación entre el destino de los fondos europeos y un supuesto enriquecimiento personal del alcalde socialista de Castril, Coves le avanzó que «en los próximos días habrá novedades importantes».
PP-A
Por su parte, la diputada del PP-A, Carolina González Vigo, dejó aparte hoy la querella interpuesta por el propietario de una de las fincas contra el actual delegado provincial de Medio Ambiente, Gerardo Sánchez, y el ex delegado, Manuel Chirosa, por entre otros delitos, ser presuntos autores de una estafa. «Si Sánchez dimite o no es un tema de dignidad personal», apuntó aunque instó a la consejera a responder si el delegado provincial cuenta con su apoyo.
Acusó a la consejera de mentir en la comparecencia de febrero sobre el mismo tema y aludió en este sentido al recurso contra la sentencia del TS. «Hubo recurso de casación a la Audiencia y no al TS, donde se presento recurso de queja, de pataleo» señaló para sumar una exposición «falsa» de la consejera sobre que las actuaciones sólo se acometen en terrenos públicos.
González Vigo demandó una explicación sobre el destino de los fondos europeos y consideró que «creemos que en todo ese asunto no se ha actuado como se debiera desde la máxima responsabilidad; seguramente no tiene nada que ver con culpa, probablemente ha sido por herencia pero si es verdad no asuma responsabilidades sino aclare y ponga encima mesa todos certificados de las obras».

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