GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)
El subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, atribuyó hoy a un «problema» del jefe nacional de Falange Española de las JONS, Diego Márquez, que no reconozca su autoridad, después de que éste manifestara ayer ante la juez que no retiró, tras requerimiento de la Subdelegación, una bandera con escudo preconstitucional del balcón de la sede del partido en Granada porque entendía que Cruz no era «autoridad competente».
En declaraciones a los periodistas, el subdelegado del Gobierno en Granada explicó que «lo único» que hizo fue cumplir con su obligación como representante del Ejecutivo central, ya que la «bandera de España no estaba siendo bien utilizada y no respondía a la Ley de Banderas», manifestó.
Son los tribunales «los que deben resolver ahora» esa cuestión, manifestó Cruz, que no dio mayor importancia a que el jefe nacional de Falange Española de las JONS no le reconozca «autoridad», ya que «estamos en un país democrático», precisó.
Tanto el jefe nacional del partido como el provincial, José María Caballero, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, como presuntos autores de un delito de ultraje a la bandera de España por lo que el ministerio público pide para cada uno una multa de 5.400 euros.
Tras escuchar las declaraciones de los procesados en la vista oral, el fiscal modificó sus conclusiones provisionales y consideró también a los acusados presuntos autores de un delito de desobediencia a la autoridad y, como alternativa, pidió medio año de prisión para cada uno de ellos.
En el juicio, que quedó visto para sentencia, el máximo responsable del partido reconoció haber recibido en 2004 dos requerimientos de la Subdelegación del Gobierno de Granada para retirar la bandera con el citado escudo, si bien optó por no hacerlo porque «aunque entendemos que el escudo vigente es el constitucional y lo respetamos, no lo utilizamos porque está en contra de nuestra ideología».
A preguntas del ministerio público, Márquez insistió en la «legalidad», a su juicio, de la bandera, que desde hace años se exhibe en el balcón de la sede, en la calle Reyes Católicas de Granada, e indicó que no la retiró tras los requerimientos del subdelegado del Gobierno porque entendía que «no es una autoridad competente para decir si es legal o no» y emplazó la posible retirada de la insignia a la resolución judicial.
La Subdelegación del Gobierno en Granada informó hace dos años al ministerio fiscal de la existencia de la bandera con el escudo no oficial, concretamente el del águila, que se exhibe en la céntrica calle Reyes Católicos de la capital, por lo que remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un escrito tras haber solicitado, sin éxito, a los responsables del partido que la retirasen.
Transcurrido el plazo de dos meses establecido, el escudo preconstitucional continuó en la sede del partido, pese al Real Decreto de 1981 que establece las normas generales para la sustitución de escudos que no se adapten a dicho modelo.

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