GRANADA, 3 (EUROPA PRESS)
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Luis Gerardo García Royo, afirmó hoy que «no comparte desde hace tiempo» la decisión del juez instructor del «caso Gomérez», en el que en diciembre de 2004 murió el obrero ecuatoriano Guillermo Estalin que trabajaba en condiciones de irregularidad administrativa, de imputar a funcionarios municipales, tras decretar ayer la apertura de juicio oral.
En declaraciones a los periodistas, García Royo eludió opinar sobre la decisión judicial, que aseguró «acata», aunque «lamenta» que conlleve la imputación de, entre otros, el número dos de Urbanismo, Manuel Lorente, para el que el ministerio público solicitó la pena de tres años de prisión y cuatro de inhabilitación junto a dos funcionarios municipales más por los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo, así como para el resto de acusados, en total nueve personas, a los que atribuye la comisión de estos u otros delitos, entre los que se encuentra contra el derecho de los trabajadores.
Además de Lorente, están acusados el arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura, Jorge Moreno Monchón, y el arquitecto jefe del Servicio de Arquitectura hasta el 15 de noviembre de 2005, Jacobo de la Rosa Herrera, que posteriormente pasó a ocupar el cargo de director general del Servicio.
Para F.J.P.G., trabajador de Alsa, empresa para la que desempañaba su trabajo el fallecido, el fiscal solicita tres años de cárcel y una multa de 2.880 euros por dos delitos contra el derecho de los trabajadores. Así, el representante legal de la empresa, A.S.S., se enfrenta a una petición de seis años de prisión y cuatro de inhabilitación, además, de una multa de 4.320 euros al considerarlo la Fiscalía autor de los cuatro delitos señalados.
Asimismo, para los representantes de la empresa Construcciones Hermanos Rodríguez, S.R.C. y M.R.C., la fiscal pide tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación por los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo, al igual que para la arquitecta técnico encargada de la prevención de riesgos laborales, M.P.G.G., así como a la representante legal y administradora de Rehabilitaciones y Demoliciones S.L., L.D.M.
En el auto de apertura de juicio oral, que fue dado a conocer ayer y contra el que no cabe recurso, el juez no realizó ningún pronunciamiento sobre la situación personal de los nueve imputados «ya que durante la instrucción de la causa no se ha adoptado ninguna medida cautelar de carácter penal».
Las personas jurídicas contra las que se dirige la acción son el Ayuntamiento de Granada, que responderá como responsable civil subsidiario de todas las indemnizaciones solicitadas, Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, Construcciones Hermanos Rodríguez y Obras Alsa. Las entidades aseguradoras son Helvetia Previsión, Previsión Española, Allianz, y Mapfre Industrial.
La Fiscalía solicitó además que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los familiares del fallecido en 100.000 euros para la pareja de hecho de Guillermo Estalin, 200.000 euros para cada uno de los cuatro hijos de éste, y en 30.000 euros a su madre.
El Juzgado de lo Penal de Granada que le corresponda «por turno» juzgará el caso para lo que aún no se ha concretado fecha, si bien las partes cuentan ahora con diez días de plazo desde su notificación para formular escrito de conformidad o disconformidad con la acusación y proponer en su caso las pruebas de que intenten valerse.

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