GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)
El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha dictado un auto en el que acuerda la apertura del juicio oral por el “caso Gomérez”, en el que murió el obrero ecuatoriano Guillermo Estalin que trabajaba en condiciones de irregularidad administrativa en las obras del derribo de la cuesta Gomérez, en Granada capital, el 21 de diciembre de 2004.
En el auto, al que tuvo acceso hoy Europa Press y contra el que no cabe recurso, el juez no realiza ningún pronunciamiento sobre la situación personal de los nueve imputados “ya que durante la instrucción de la causa no se ha adoptado ninguna medida cautelar de carácter penal”.
El ministerio público, en su escrito de acusación, solicitó la pena de tres año de prisión y cuatro de inhabilitación para tres funcionarios municipales por los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo, así como para el resto de acusados, en total nueve personas, a los que atribuye la comisión de estos u otros delitos, entre ellos, contra el derecho de los trabajadores.
En concreto, los acusados son el número dos de Urbanismo, Manuel Lorente; el arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura, Jorge Moreno Monchón, y el arquitecto jefe del Servicio de Arquitectura hasta el 15 de noviembre de 2005, Jacobo de la Rosa Herrera, que posteriormente pasó a ocupar el cargo de director general del Servicio.
Para F.J.P.G., trabajador de Alsa, empresa para la que desempañaba su trabajo el fallecido, el fiscal solicita tres años de cárcel y una multa de 2.880 euros por dos delitos contra el derecho de los trabajadores. Así, el representante legal de la empresa, A.S.S., se enfrenta a una petición de seis años de prisión y cuatro de inhabilitación, además, de una multa de 4.320 euros al considerarlo la Fiscalía autor de los cuatro delitos señalados.
Asimismo, para los representantes de la empresa Construcciones Hermanos Rodríguez, S.R.C. y M.R.C., la fiscal pide tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación por los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo, al igual que para la arquitecta técnico encargada de la prevención de riesgos laborales, M.P.G.G., así como a la representante legal y administradora de Rehabilitaciones y Demoliciones S.L., L.D.M.
Las personas jurídicas contra las que se dirige la acción son el Ayuntamiento de Granada, que responderá como responsable civil subsidiario de todas las indemnizaciones solicitadas, Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, Construcciones Hermanos Rodríguez y Obras Alsa. Las entidades aseguradoras son Helvetia Previsión, Previsión Española, Allianz, y Mapfre Industrial.
La Fiscalía solicitó además que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los familiares del fallecido en 100.000 euros para la pareja de hecho de Guillermo Estalin, 200.000 euros para cada uno de los cuatro hijos de éste, y en 30.000 euros a su madre.
El Juzgado de lo Penal de Granada que le corresponda “por turno” juzgará el caso para lo que aún no se ha concretado fecha, si bien las partes cuentan ahora con diez días de plazo para formular escrito de conformidad o disconformidad con la acusación y proponer en su caso las pruebas de que intenten valerse.
SUBCONTRATACIÓN: “GRAN MAL”
El juez instructor considera que el caso pone de manifiesto que la subcontratación “sigue siendo el gran mal del daño a la salud y a la vida de los trabajadores”, aunque, en su opinión, al último subcontratista de la cadena “poco se le puede exigir ante los precios ajustados con los que se encuentra.
Así, “hablar de subcontratación es a veces hablar de siniestralidad, sin olvidar la precariedad”, explicó en el auto el juez, para quien “parece más un fenómeno de prestamismo laboral que de subcontratación”.
La cadena de subcontratación comenzó, según la calificación provisional de la fiscal, el 2 de mayo de 2003, fecha en la que se acordó la adjudicación a la empresa Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L. del inmueble situado en el número 16 de la calle Cuesta de Gomérez, en la capital granadina.
Así, un mes después se fijó el contrato administrativo con el informe favorable del arquitecto jefe del Ayuntamiento que establecía la obligación de la empresa de en 15 días presentar un Plan de Seguridad y Salud. La empresa recibió el 29 de abril de 2004 la notificación municipal para que procediera a la demolición por 38.007 euros.
Posteriormente, el 30 de septiembre, la representante legal de Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., L.D.M., firmó a propuesta de la responsable en Prevención de Riesgos Laborales, M.P.G.G., la subcontratación de obra con la empresa Construcciones Hermanos Rodríguez Comunidad de Bienes, virtud de la cual dicha empresa asumía la demolición del edificio y se adhería, en teoría, al Plan de Seguridad que establecía la figura de un encargado de obra de la empresa anterior, que no llegó a elaborarse.
El mismo 30 de septiembre, se elaboró un documento, prácticamente igual al anterior, que no llegó ni a firmarse en virtud del cual Construcciones Hermanos Rodríguez subcontrataban a la empresa Obras Alsa S.L., representada por A.S.S. Puesto que ésta no podía contratar con la Administración por tener pendientes deudas tributarias, su representante se puso de acuerdo con el trabajador, F.J.P.G., y simuló una empresa ficticia que fue dada de alta el 1 de noviembre de 2004.

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