GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, informó hoy de que el contrato con la empresa adjudicataria de las obras que provocaron un derrumbe que costó la vida a un trabajador ecuatoriano, no permitía la subcontratación.

En rueda de prensa, el alcalde explicó que el Ayuntamiento ha realizado un estudio sobre cómo se encontraba la situación administrativa de la empresa adjudicataria de la obra, Rehabilitaciones y Demoliciones de Granada e informó de que el expediente de adjudicación de la demolición data de marzo de 2003, antes de que el PP llegara al gobierno municipal, según precisó el alcalde, si bien señaló que eso “es un asunto menor” porque todo se había hecho “correctamente”.

Torres Hurtado insistió en que la adjudicación no permitía la subcontrata de la obra “y si se hubiese decidido la intención de realizar una subcontrata se tenía que haber comunicado a este ayuntamiento”, algo que no se hizo, según sostiene, ya que “no existe constancia de que la empresa notificara que iba a hacer ningún tipo de subcontrata”.

El expediente de derribo de la vivienda en el que murió el joven ecuatoriano de 29 años Guillermo Estalin, al parecer en situación ilegal en España, se inició en el año 1998 al instar el Ayuntamiento a la demolición debido al estado de ruina en el que se encontraba el edificio. Finalmente fue el Ayuntamiento quien se hizo cargo y contrató a esta empresa.

En cuanto a la vigilancia de la obra, el alcalde dijo que “a la empresa se le exige un director técnico y un director de seguridad, que tenía y a partir de ahí la responsabilidad es de la empresa y no del Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento ha contactado con un hermano de la víctima para prestarle a la familia ayuda económica en la repatriación del cadáver o en el entierro del joven fallecido, cuyo cuerpo se encuentra en el tanatorio del cementerio de Granada.

En relación a la situación del trabajador señaló que la responsabilidad sobre la legalidad en el país es de la Subdelegación del Gobierno y si estaba o no dado de alta en la Seguridad Social, es algo que tendrá que investigar la Inspección Provincial de Trabajo.

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