Medio Ambiente abre un expediente sancionador por extralimitarse en el perímetro de extracción que podría acarrear multa de 150.000 euros

GRANADA, 30 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía ha decretado a través del Servicio de Industria, Energía y Minas la paralización cautelar de las actividades de voladuras en la cantera de Buenavista, en el término municipal de Atarfe (Granada), tras producirse la caída de piedras procedentes de las explosiones en distintas edificaciones de la pedanía de Sierra Elvira.

Según informó a Europa Press el delegado de Innovación, Ciencia y Empresa, Alejandro Zubeldia, “hemos procedido a suspender las voladuras de la cantera porque están utilizando unos detonantes y unos explosivos que no están acordes a los que se deben utilizar”.

Además, Zubeldia indicó que la empresa “está utilizando más potencia de la debida en las voladuras” señalando que se han producido destrozos por las piedras caídas en un polideportivo de la pedanía y en la carretera N-432.

Así, señaló que se tratan en algunos casos de piedras de “alrededor de 50 kilos de peso”, por lo que “la Junta viendo la dimensión del problema ha suspendido cautelarmente la explotación de la actividad extractiva”.

Por su partes, fuentes de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía informaron a Europa Press de que el pasado 18 de noviembre abrieron un expediente sancionador a esta empresa, Afercan S.A. “por haber trabajado más allá de los límites que Minas había autorizado sin someterse a trámite de evaluación de impacto ambiental” y también por realizar un vertido de aceite y restos de chatarra.

Según informó el secretario general de la Delegación, Rafael Padial, este expediente sancionador podría acarrear una sanción económica que oscilaría entre los 60.000 euros y los 150.000 euros “por la extralimitación del perímetro y vertido aceites y chatarras”.

Esta empresa ya había sido expedientada por Medio Ambiente en el año 2001 “por ocupar monte público sin autorización, por lo que se le impuso en septiembre de 2002 una sanción y la obligación de que liberaran el monte público retirando sus instalaciones”, según indicó Padial.

La empresa no ha cumplido voluntariamente con lo estipulado en el expediente sancionador por lo que Medio Ambiente abrió “un procedimiento de ejecución forzosa por el que estamos poniendo multas coercitivas todos los meses por valor de 300 euros”.

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