GRANADA, 24 (EUROPA PRESS)

La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, María José López, calificó hoy de “arriesgada y desacertada” la sentencia de separación de la juez de Instrucción 1 de Santa Fe (Granada) en la que obliga a una vecina de La Malahá a vivir en un inmueble contiguo al de su ex marido al que considera un maltratador.

López, que clausuró hoy en Armilla las segundas jornadas de formación sobre violencia de género, reiteró a los periodistas que la decisión de la magistrado no ha sido “la más acertada” dado los antecedentes del supuesto agresor, condenado por una falta de lesiones a su hija, así como el informe psicosocial en el que se especifica que se encuentra en tratamiento psicológico.

La responsable de Justicia calificó la sentencia de “arriesgada, sobre todo si se tiene en cuenta que va a entrar en vigor una ley –en referencia a la Ley Integral contra la Violencia de Género– que exigirá a los jueces la adopción de medidas cautelares para evitar que las situaciones de violencia se vuelvan a repetir”.

Con respecto a la nueva Ley Andaluza contra la Violencia de Género, López aseguró que vendrá a reforzar la Ley estatal, con aspectos adaptados a la situación concreta andaluza, recordando que dicha normativa es un compromiso electoral y que su redacción compete a la Consejería de Igualdad.

Asimismo, indicó que la situación de las víctimas de la violencia doméstica ha “mejorado” a pesar del aumento “estadístico” de las denuncias, porque a su juicio, “gozan de mejor información y de más canales para poder denunciar y ser protegidas”. Según López, la nueva legislación “está ayudando a que las mujeres se encuentren en mejor situación que antes”, aunque señaló que “mientras haya una mujer que no pueda vivir en plena libertad existirá un reto que deberemos salvar las instituciones y los ciudadanos”.

En relación al turno de oficio, la consejera indicó que “desde que se transfirieron las competencias en 1998 el salto ha sido cualitativo”, ya que de los nueve millones de inversión se ha pasado a los 25 presupuestados para 2005. En este sentido, indicó que la búsqueda de la calidad pasa por una “adecuada” remuneración al abogado y una “mejor prestación del servicio” al ciudadano.

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