Las defensas acusan a la Agencia Tributaria de “inducir, provocar y consentir” el supuesto fraude fiscal para dar un “escarmiento”

GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)

El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado mantuvieron hoy la petición de cuatro años de prisión, así como una indemnización de 5,6 millones de euros y multas millonarias para los diez acusados por el caso del fraude fiscal presuntamente cometido por la empresa ‘Hidrocarburos Andaluces’ de Albolote (Granada) en 1996, al considerar “absolutamente acreditada” la participación de todos ellos en la trama.

Según manifestó el fiscal en la última sesión del juicio, que hoy quedó visto para sentencia, los acusados “en total connivencia” defraudaron a la Agencia Tributaria casi seis millones de euros al eludir el pago de los impuestos que gravan los combustibles, después de vender entre marzo y abril de 1996 más de 20 millones de litros de gasóleo a precio muy inferior al mercado “a velocidad de vértigo”, tras lo cual intentaron vender la empresa “para ocultar el delito”.

Aseguró que las propias declaraciones de los acusados durante la instrucción “eran claramente inculpatorias”, así como las trascripciones de las escuchas telefónicas, donde según el fiscal, tuvieron “la desfachatez, la desvergüenza y el cinismo de planear el siguiente golpe mientras el juez aún estaba investigando el primero”.

Para el Abogado del Estado, el intento de vender la empresa “a una persona ya muerta o a punto de fallecer” y la política empresarial de “tirar los precios para reventar el mercado sin pagar impuestos”, son el “ejemplo más claro de que los acusados intentaron enriquecerse a costa de la Hacienda Pública”.

Por su parte, las defensas, que el primer día del juicio pidieron la nulidad del procedimiento, se reiteraron en la libre absolución al tiempo que acusaron a la Agencia Tributaria de “inducir, provocar y consentir el supuesto fraude”, ya que según los letrados, “la Administración sabía desde hacía un año que Hidrocarburos Andaluces no cumplía con todos los requisitos y consintió que cometiera el fraude porque tenía prevista una operación policial de escarmiento para aquellas otras empresas que vendían importantes cantidades de gasóleo sin tributar a Hacienda”.

Durante más de cuatro horas los abogados intentaron desacreditar cada una de las pruebas aportadas por la acusación, especialmente las escuchas telefónicas, al considerar que fueron obtenidas de forma “ilícita” en un procedimiento “podrido desde sus inicios con una absoluta vulneración de los derechos de los acusados” y “provocado por la Administración para dar ejemplo a nivel nacional”.

Aseguraron que el delito de falsedad documental no ha quedado acreditado,–“en todo caso algunas anomalías administrativas”–, y que el fraude fiscal “no llegó a consumarse” ya que la empresa reconoció la deuda pero la Administración “no le concedió un aplazamiento para impedir el pago”. Asimismo, recordaron que sus clientes han sufrido “una pena de banquillo de ocho años de cárcel”, y en algunos casos prisión, que “les ha destrozado su vida familiar y personal”.

El juicio concluyó hoy con la mitad de los acusados que tenía inicialmente, ya que el 4 de noviembre fueron retirados los cargos contra diez de ellos. Los que permanecieron en el banquillo por un presunto delito de defraudación a la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento oficial y mercantil, se negaron a responder a las preguntas de las acusaciones y a ratificar las declaraciones que prestaron durante la fase de instrucción en el Juzgado.

El supuesto fraude comenzó a investigarse en 1996 y tras ocho años llegó a los juzgados granadinos –las pruebas documentales llegaron a ocupar una habitación– después de que la Audiencia Nacional se inhibiera en diciembre de 2002 de la competencia de juzgarlo. Los abogados de las defensas pidieron al titular del Juzgado de lo Penal 3 de Granada que “sentara jurisprudencia” con este caso “para evitar que se vuelvan a dar delitos inducidos e instrucciones totalmente alejadas de la normativa vigente”.

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