Las defensas piden la absolución y subrayan la falta de delito ecológico por la explotación supuestamente ilegal de la cantera

GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)

Medio millar de vecinos de Padul (Granada) se concentraron hoy ante la Audiencia de Granada para mostrar su apoyo al ex alcalde de la localidad por IU Cipriano Duarte, para quien el Fiscal pide un año de prisión, 13 de inhabilitación y multa de 540 euros por un delito mediambiental en relación a la explotación supuestamente ilegal de una cantera del municipio, clausurada por resolución judicial en marzo de 2000, caso en el que hay siete acusados más, entre ellos el ex delegado de Medio Ambiente Manuel Chirosa.

En esta quinta y última vista oral del juicio, que ha quedado visto para sentencia, las defensas expusieron sus alegatos definitivos y reiteraron su petición de libre absolución para todos los acusados. Los vecinos esperaron en la calle casi tres horas a que finalizara el juicio bajo la pancarta ‘Todos somos Cipriano Duarte. Todos con Cipriano’ para vitorear al ex alcalde paduleño a su salida de la Audiencia, quien manifestó a Europa Press haberse “emocionado por tales muestras de cariño”.

Uno de los participantes, como portavoz de la asamblea vecinal, Antonio Villena, informó de que el pueblo ha iniciado una recogida de firmas, hasta ahora 2.000, para reivindicar la inocencia de Duarte ante el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.

Otros vecinos, como Inmaculada Juárez, ama de casa, o Fernando López Rejón, que fue teniente de alcalde durante el mandato de Cipriano Duarte entre 1997 y 1999, señalaron que con la concentración querían “mostrar la indignación del pueblo al saber que el Fiscal no había retirado los cargos contra Duarte”, algo que calificaron de “paradójico, ya que fue él quien denunció los hechos dos meses después de llegar a la Alcaldía”.

En la penúltima sesión del juicio, el fiscal rebajó la pena solicitada para el ex alcalde de Padul y el ex delegado de Medio Ambiente a un año de cárcel y 13 meses de inhabilitación, retiró la acusación que mantenía por el mismo delito contra un técnico de la compañía y otros dos del departamento de Minas de la Consejería de Empleo, y la mantuvo contra los dos titulares de la empresa de áridos Millón 48 y contra el entonces jefe de Minas, Miguel Angel T.G., que fue el único que hoy hizo uso de su derecho constitucional a la última palabra, para reiterar su inocencia.

Las defensas coincidieron en sus alegatos finales en subrayar que la actuación de sus defendidos, “acorde a la legalidad” no puso en peligro el medio natural y que no existió el grave daño ecológico argumentado por el Ministerio Fiscal, quien mantuvo durante el juicio que los acusados eran responsables de la explotación “ilegal” de la cantera de Padul, clausurada en marzo de 2000 por ocupar 6,3 hectáreas del Parque Natural de Sierra Nevada, consideradas Reserva de la Biosfera.

La letrada de Duarte señaló que la superficie afectada en 1995 es la misma que la actual, por lo que durante su mandato no se produjo una ampliación de la actividad extractiva de la empresa, indicando que el cobro del canon municipal, supuestamente irregular, estaba amparado en un contrato avalado, a su vez, por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Por su parte, el letrado de Chirosa, insistió en la falta de responsabilidad de su cliente, “que actuó conforme a la normativa existente en ese momento”.

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