GRANADA, 29 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, estimó hoy que existen en la provincia de Granada un número aproximado de 5.000 inmigrantes irregulares que pueden optar a la normalización con la aplicación del nuevo reglamento de Extranjería, “si cumplen con las condiciones” que se establecen en el mismo.

En rueda de prensa, Cruz señaló que “a día de hoy” los extranjeros en Granada, residentes de la CE son 11.057, los residentes no comunitarios 10.690, lo que representa un total 21.747, “a los que hay que sumar 2.085 estudiantes, lo que suponen un poco menos del tres por ciento de la población de la provincia de Granada”.

El subdelegado señaló que “en lo que llevamos de año se han devuelto a su país de origen 2.257 inmigrantes irregulares, de los cuales 2.237 habría llegado en patera”.

En relación a la estimación de irregulares señaló que dar cifras es “muy difícil”, si bien dijo que “de manera muy estimativa estaríamos hablando de unos 5.000 inmigrantes, de los cuales la mayoría podrían estar censados y podrían cumplir con una de las condiciones que se solicitan en el nuevo Reglamento de Extranjería.

Así, entre las condiciones que establece el nuevo Reglamento de Extranjería, que entrará en vigor en el mes de enero, se fija un plazo de tres meses como periodo excepcional de normalización “para aquellos trabajadores inmigrantes que están de manera irregular en nuestro país, que puedan acreditar que llevan en España más de seis meses, mediante el certificado de empadronamiento y que cuentan con un contrato de trabajo también de seis meses”, según explicó Cruz.

Pero se dan excepciones para los trabajadores del campo que requerirían no los seis meses de contrato, sino tres, y para las trabajadoras del hogar, que deberán acreditar el trabajo dependiendo si son fijas o trabajan por horas.

Así, Cruz señaló que la legalización de estos inmigrantes “sólo tendrá efecto cuando estén dados de alta en la Seguridad Social”, por lo que indicó que con la aplicación del nuevo reglamento “no se produce un efecto llamada”. El representante del Gobierno calificó el nuevo reglamento como un “avance importante de la normalización de la inmigración ilegal”.

En este sentido, indicó que el nuevo reglamento “plasma la voluntad de conseguir máximo consenso político en materia de de política migratoria y prioriza la inmigración legal, desarrollando instrumentos para perseguir más eficazmente la inmigración ilegal”.

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