GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)

El Ministerio Fiscal rebajó hoy en su calificación final las peticiones de pena al ex alcalde de Padul Cipriano Duarte y al ex delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada Manuel Chirosa a un año de prisión y 13 meses de inhabilitación, manteniendo los cargos contra ambos por un delito ambiental.

En sus conclusiones finales el fiscal ha retirado la acusación contra el facultativo ingeniero de la empresa cantera y dos funcionarios del departamento de Minas.

Para el alcalde de la localidad granadina de Padul entre 1997 y 2003, Cipriano Duarte, el fiscal solicitó en un principio un año de prisión, dos de inhabilitación, y multa de 2.160 euros. Además de la rebaja en la inhabilitación, también rebaja la multa a 540 euros.

Por otra parte, para el delegado de Medio Ambiente entre 1994 y 1997, Manuel Chirosa, para quien el fiscal pidió inicialmente cuatro años y un día de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 4.500 euros, ha pedido finalmente la misma pena que para el ex alcalde.

Ambos están siendo enjuiciados en la Audiencia Provincial, junto con otros siete acusados en el caso de la cantera de Padul, clausurada en marzo de 2000 por ocupar 6,3 hectáreas del Parque Natural de Sierra Nevada, consideradas Reserva de la Biosfera.

El fiscal mantiene la acusación para al entonces jefe del Departamento de Minas de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Angel T.G y para los responsables de la empresa Aridos Millón 48, Ana María y Antonio R.J., y Andrés G.M.

El Ministerio Público considera que pese a conocer que la cantera había merecido la declaración de impacto ambiental negativo, “no actuó en consecuencia ante la ausencia de las autorizaciones oportunas ni acordó clausurar la actividad”, firmando un informe favorable a un Plan de Restauración “que sólo sirvió de pantalla formal para continuar el desarrollo de la actividad depredadora con el consiguiente perjuicio económico”.

El escrito fiscal también acusa al entonces jefe del Departamento de Minas de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Angel T.G., y dos asesores técnicos de la misma, José F. M. y Agustín F.M., para los que solicita 2.160 euros de multa y siete años y tres meses de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Para los responsables de la empresa Aridos Millón 48, Ana María y Antonio R.J., y Andrés G.M., el fiscal solicita entre cuatro y un año de cárcel y multas de hasta 4.320 euros por un delito ecológico contra el medio ambiente, considerando a los dos últimos autores en su vertiente agravada de desobediencia a la autoridad administrativa.

Según el relato fiscal, la empresa explotó la cantera existente en el paraje conocido como Motrilejos del Monte, ubicada en el término municipal de Padul y próxima a la N-323, hasta que el Juzgado de Instrucción 6 suspendió su actividad el 1 de marzo de 2000.

El juicio quedará visto para sentencia el próximo 9 de noviembre una vez las defensas, que solicitan la libre absolución, expongan sus alegatos finales.

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