GRANADA, 05 (EUROPA PRESS)

El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que el Ayuntamiento de Motril (Granada) no tiene competencias para fiscalizar o controlar las obras del dique de Poniente, derruido tras el temporal del pasado 2 de mayo, que provocó el encierro de cuatro concejales de la anterior corporación municipal, liderada por el PP, en las instalaciones del Puerto en demanda de información sobre el proyecto y la autorización para que fuese supervisado por los técnicos municipales.

Según el dictamen solicitado por la Junta de Andalucía el pasado 7 de septiembre tras el encierro de los cuatro concejales, y emitido por el Consejo Consultivo el día 16, la Autoridad Portuaria Almería-Motril, al ser de interés nacional, depende del Ministerio de Fomento que tiene la facultad de “proyectar y ejecutar las obras precisas para el desarrollo de la actividad portuaria”, sin necesidad de pedir licencia al resto de las corporaciones locales o autonómicas.

El escrito no vinculante establece que la corporación municipal sólo puede solicitar información sobre el proyecto, aunque no puede modificarlo ni supervisarlo, indicando que esa información deberá solicitarse exclusivamente a través de la representación institucional que posee en el Consejo de Administración del Puerto y no a través de sus concejales.

La Junta solicitó al Consejo Consultivo este dictamen para saber hasta qué punto el Ayuntamiento podría fiscalizar las obras y si los concejales de los tres partidos que conformaban el gobierno local motrileño liderado por el ex alcalde Carlos Rojas -Daniel Dueñas (PP), Antonio Escámez y José Diego Artero (PA), y Francisco Villoslada (GRITO-PDDC)- se habían extralimitado en sus competencias al reclamar la información a través de un encierro que duró tres días –del 30 de agosto al 1 de septiembre– pidiendo que los técnicos municipales supervisaran las obras del muelle.

El encierro en las instalaciones portuarias fue uno de los motivos esgrimidos por el PSOE para liderar una moción de censura contra el gobierno tripartido encabezado por Carlos Rojas (PP), quien días después del incidente solicitó la independencia del Puerto motrileño, una decisión política a la que la Junta de Andalucía se mostró favorable y que pasaría por la tramitación de un expediente para segregar el Puerto de Almería y el de Motril, y constituir una Autoridad Portuaria exclusivamente de Motril.

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