GRANADA, 4 (EUROPA PRESS)

El ex alcalde de Puebla de Don Fadrique Genaro Molina, que se enfrenta a 21 años y medio de cárcel y 70 de inhabilitación por ocho delitos de prevaricación, malversación e infidelidad por ocultación de documentos, declaró hoy durante el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial que sus actuaciones al frente del Consistorio, entre 1987 y 1995 bajo las siglas del grupo independiente FADI, fueron “legítimas y legales” sin que supusieran un perjuicio económico para el pueblo.

El ex primer edil, actualmente presidente de FADI, negó que el Ayuntamiento recibiera un talón de más de 12.000 euros por la venta en marzo de 1993 de cien acciones de una empresa de mármoles de participación municipal, acusación que mantiene la Fiscalía, que asegura que ese dinero se ingresó en una cuenta bancaria del también acusado Angel M.B. sin llegar a las arcas municipales.

Asimismo, indicó que la posterior ampliación de capital de dicha empresa a través de la cesión de terrenos municipales para la construcción de una fábrica sin contrapartida económica, que tampoco llegó a efectuarse, “no sólo es legal sino que es una práctica habitual de los Ayuntamientos para no perder la principal industria del municipio”.

Además, el fiscal acusa al entonces alcalde de conceder una subvención de 47.541,40 euros aportada por la Consejería de Trabajo a un empresa de la que era administrador único para la gestión de unos cursos de formación profesional de camarero y cocinero en el municipio, sin justificar cerca de 10.000 euros del gasto. Según el acusado, el dinero fue “repartido sin que nadie llegara a reclamarlo”, a pesar de que dichos cursos se suspendieron aproximadamente al mes de iniciarse.

Asimismo, se le imputan nuevos delitos de malversación y prevaricación por ausentarse de su cargo en varias ocasiones entre 1993 y 1995 sin dejar de percibir su sueldo como alcalde, dejando en sus funciones al tesorero y también acusado, Bernardo R.M., que cobró un total de 8.894,98 euros en las ausencias al percibir un doble sueldo. Sin embargo, Molina negó que éste percibiera un salario como concejal indicando que el secretario municipal “en ningún momento” le informó de que hubiera “incompatibilidad” en ambas funciones.

Finalmente, en octubre de 1994 se acordó en pleno municipal concertar un “plan de vida-jubilación-seguros de accidentes personales” a favor “exclusivamente”, según el fiscal, de los concejales del grupo político del acusado por el que el consistorio abonó 4.845,79 euros.

Según el ex alcalde, era un proyecto auspiciado por la Federación Española de Municipios Menores para “evitar la discriminación y falta de cobertura ante accidentes” que él puso en marcha en Puebla de Don Fadrique “para dar ejemplo como presidente que era de dicha Federación”, bajo la cobertura de un informe jurídico previo “que determinaba su viabilidad”.

En declaraciones a los periodistas previas al juicio, el ex alcalde de Puebla de Don Fadrique aseguró haber sido objeto de “diez años de persecución auspiciada por otras formaciones políticas”, indicando que toda esta “trama” se inició por la demanda de un vecino con quien mantiene una clara “enemistad” en complicidad con los principales líderes de la oposición en aquel momento, Augusto Arias (PSOE), y Antonio Román (IU).

La Fiscalía pide para él 20 años y medio de prisión, 70 de inhabilitación, 28 de ellos para cargo público, multa de 3.600 euros y una indemnización de 157.444,11 euros, la mayoría a pagar de forma conjunta con los otros acusados, el entonces concejal Tesorero, Bernardo R.M., y los responsables de las empresas supuestamente beneficiarias de la prevaricación, Angel M.B. y Fernando B.F. Las defensas de todos ellos solicitaron la libre absolución.

El juicio continuará los días 6 y 8 de octubre en la Audiencia de Granada con la declaración de nuevos testigos y la aportación de las pruebas periciales y documentales del caso.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here