Entre ellos está el ex alcalde de la localidad, el ex delegado de Medio Ambiente y varios técnicos de la Consejería de Empleo

GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Granada ha solicitado penas que oscilan entre cuatro y un año de cárcel para los ocho acusados en el caso de la cantera de Padul (Granada), clausurada en marzo de 2000 por ocupar 6,3 hectáreas del Parque Natural de Sierra Nevada, consideradas Reserva de la Biosfera.

Entre los acusados que comparecerán en la Audiencia el próximo 13 de octubre se encuentra el delegado de Medio Ambiente entre 1994 y 1997, Manuel C.R., para quien el fiscal pide un cuatro años y un día de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 4.500 euros, por un delito contra el medio ambiente.

El Ministerio Público considera que pese a conocer que la cantera había merecido la declaración de impacto ambiental negativo, “no actuó en consecuencia ante la ausencia de las autorizaciones oportunas ni acordó clausurar la actividad”, firmando un informe favorable a un Plan de Restauración “que sólo sirvió de pantalla formal para continuar el desarrollo de la actividad depredadora con el consiguiente perjuicio económico”.

El escrito fiscal también acusa al ex alcalde de la localidad Cipriano D.R., para que el que pide un año de prisión, dos de inhabilitación, y multa de 2.160 euros por un delito contra el medio ambiente, y al entonces jefe del Departamento de Minas de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Angel T.G., y dos asesores técnicos de la misma, José F. M. y Agustín F.M., para los que solicita 2.160 euros de multa y siete años y tres meses de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Para los responsables de la empresa Aridos Millón 48, Ana María y Antonio R.J., y Andrés G.M., el fiscal solicita entre cuatro y un año de cárcel y multas de hasta 4.320 euros por un delito ecológico contra el medio ambiente, considerando a los dos últimos autores en su vertiente agravada de desobediencia a la autoridad administrativa.

Según el relato fiscal, la empresa explotó la cantera existente en el paraje conocido como Motrilejos del Monte, ubicada en el término municipal de Padul y próxima a la N-323, hasta el Juzgado de Instrucción 6 suspendió su actividad el 1 de marzo de 2000.

Hasta esa fecha, los acusados “con ánimo de lucro e indiferentes al perjuicio ecológico que pudieran causar” explotaron o permitieron la explotación de 6,3 hectáreas de monte público superior, introduciéndose en el Parque Natural de Sierra Nevada, “generando una pared de roca prácticamente vertical de una altura aproximada de cien metros” que no sólo destruyó parte del monte, llegando a cambiar el trazado de uno de los caminos, sino arrasando la flora y fauna existente en una zona declarada Reserva de la Biosfera.

Y todo ello, según el Ministerio Público, a pesar de existir un informe de impacto ambiental desfavorable, no contar con la licencia urbanística municipal del Ayuntamiento de Padul que fue denegada, haber expirado su licencia de ocupación de monte público, y habiendo actuado contrariamente al Plan de Restauración exigible.

Tal actuación, que se prolongó durante una década, violó a juicio del fiscal la Ley de Protección Ambiental, la Ley de Minas, la Ley de creación de la Agencia de Medio Ambiente en relación a los espacios naturales protegidos, la Ley del Suelo y el Reglamento de Disciplina Urbanística, además de otras normativas vigentes.

El fiscal acusa a los responsables de la empresa de “desobedecer” las resoluciones judiciales y mandatos emitidos para la paralización de la actividad, y al resto de los funcionario públicos de permitir que siguieran con ella.

Señala que incluso el ex alcalde llegó a contratar controladores de la extracción, aunque finalmente denunciara los hechos ante la Consejería de Medio Ambiente, y que los técnicos de Minas primero realizaron un primer informe desfavorable y luego otro aprobando un Plan de Restauración a favor a la ampliación de la cantera como recurso minero.

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