GRANADA, 12 (EUROPA PRESS)

El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada, Luis Rubiales, se reunirá mañana a las 10.00 horas con las trabajadoras en huelga de Agise, empresa gestora de la casa de acogida a mujeres víctimas de malos tratos, para formalizar el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada que contempla la readmisión de cuatro de las seis empleadas despedidas en Granada, Jaén, y Huelva y que pondrá fin a 170 días de paro.

Según la portavoz de las trabajadoras, Francisca Castro, el acuerdo, que incluye la readmisión de dos trabajadoras de Granada, una de Jaén y otra de Huelva, “no es plenamente satisfactorio, aunque tras 170 días luchando y un mes de intensas negociaciones es la mejor oferta de la empresa”, cuya actitud durante las reuniones mantenidas en los últimos días calificó de “prepotente”.

Dicho acuerdo verbal contempla las reclamaciones de las trabajadoras en materia de horarios, aunque su principal reivindicación, el cambio de la directiva de la casa de acogida en Granada no ha sido aceptado y los procedimientos legales abiertos en los juzgados seguirán su curso.

Las despedidas interpusieron sendas demandas a la empresa por despido nulo, tres de las cuales fueron consideradas como improcedentes, obligando a la empresa a readmitirlas o a indemnizarlas, sentencias que actualmente se encuentran recurridas, y una de ellas como finalización de contrato, argumento que esgrimió la empresa en todos los procedimientos. En los otros dos casos, las trabajadoras llegaron a un acuerdo económico con Agise previo al juicio.

Además, las empleadas interpusieron una demanda por la vía penal acusando a la empresa de acoso laboral que fue archivada por el juzgado, y presentaron un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, aunque el Ministerio Público decretó el archivo de las diligencias informativas incoadas contra a la empresa ante la falta de indicio de delito.

También recurrieron a la mediación de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Francisca Fuillerat, y del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien tras entrevistarse con ambas partes, determinó que las reivindicaciones laborales de las trabajadores deberían articularse a través del convenio colectivo firmado en febrero de 2003.

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