Anuncian un paro intermitente a partir del próximo martes si no se rubrica el acuerdo esta semana

GRANADA, 10 (EUROPA PRESS)

Las trabajadoras de Agise, empresa gestora de las casas de acogida a mujeres víctimas de malos tratos en Andalucía, en huelga desde el pasado 16 de febrero, llegaron a un principio de acuerdo con la empresa la semana pasada que contempla la readmisión de cuatro de las seis empleadas despedidas en Granada, Jaén, y Huelva, aunque han anunciado un paro intermitente si dicho acuerdo no se rubrica en los próximos días.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de las trabajadoras, Francisca Castro, aseguró que continuarán en huelga hasta que el acuerdo se materialice a la espera de que el delegado provincial de Empleo, Luis Rubiales, que ha ejercido como mediador en el conflicto, se incorpore de sus vacaciones, tal como adelantó el diario Granada Hoy.

Castro señaló que tal acuerdo, que incluye la readmisión de dos trabajadoras de Granada, una de Jaén y otra de Huelva “no es plenamente satisfactorio, aunque tras 170 días luchando y un mes de intensas negociaciones es la mejor oferta de la empresa”, cuya actitud durante las reuniones mantenidas en los últimos días calificó de “prepotente”.

Dicho acuerdo verbal contemplaría las reclamaciones de las trabajadoras en materia de horarios, aunque se aún se están perfilando los cuadrantes. Sin embargo, su principal reivindicación, el cambio de la directiva de la casa de acogida en Granada no ha sido aceptado y los procedimientos legales abiertos en los juzgados seguirán su curso.

Las despedidas interpusieron sendas demandas a la empresa por despido nulo, tres de las cuales fueron consideradas como improcedentes, obligando a la empresa a readmitirlas o a indemnizarlas, sentencias que actualmente se encuentran recurridas, y una de ellas como finalización de contrato, argumento que esgrimió la empresa en todos los procedimientos. En los otros dos casos, las trabajadoras llegaron a un acuerdo económico con Agise previo al juicio.

Además, las empleadas interpusieron una demanda por la vía penal acusando a la empresa de acoso laboral que fue archivada por el juzgado, y presentaron un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, aunque el Ministerio Público decretó el archivo de las diligencias informativas incoadas contra a la empresa ante la falta de indicio de delito.

También recurrieron a la mediación de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Francisca Fuillerat, y del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien tras entrevistarse con ambas partes, determinó que las reivindicaciones laborales de las trabajadores deberían articularse a través del convenio colectivo firmado en febrero de 2003.

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