Los populares acusan a Chaves de querer pagar a los proveedores de la Junta con el dinero de la deuda financiera

GRANADA, 25 (EUROPA PRESS)

El PP denunció hoy la falta de trasparencia en la designación “a dedo” de más de 200 cargos públicos distribuidos en 48 organismos e instituciones de la Junta de Andalucía en Granada, por lo que solicitó a la Administración regional un listado donde se especifique la trayectoria profesional de estas personas, y un mayor control parlamentario de las empresas públicas.

En rueda de prensa, la parlamentaria popular Carolina González Vigo puso como ejemplo a la empresa concesionaria de la gestión medioambiental, Egmasa, que contrató al ex alcalde de la localidad granadina de Cúllar Angel Martínez Lara con categoría de universitario, “cuando tan sólo tiene el Bachiller elemental”, e igualmente a la concejal de Medio Ambiente durante el mandato de Jesús Quero, Virginia Correal, tras perder las elecciones, para después contratarla un mes más tarde previo anticipo de un finiquito de 3.011,88 euros.

Según González Vigo, “esto es sólo una pequeña muestra del desconocimiento y descontrol que existe en las empresas públicas y en el nombramiento de los altos cargos de libre designación”, el segundo escalafón de la Administración andaluza “que nadie conoce pero que son los que finalmente toman las decisiones que afectan a todos los ciudadanos”, de ahí que soliciten una relación de los cargos y un mayor control parlamentario de las empresas “para que casos como estos no vuelvan a darse”.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la batería de 20 medidas por la transparencia de la vida pública en Andalucía remitidas por el grupo parlamentario del PP-A al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y que serán presentadas en breve ante el Parlamento andaluz, dando lugar a varias proposiciones no de ley y a interpelaciones en la Cámara.

La parlamentaria popular lo calificó de “código ético político para la regeneración de la vida democrática andaluza” basado en tres ejes: mayor trasparencia en relación a los altos cargos, del Ejecutivo ante el Parlamento y de la administración de la Junta de Andalucía.

En relación a los altos cargos, solicitan un registro público de bienes e intereses, antes, durante y en su cese, de diputados y altos cargos, un seguimiento público a través de las web de la Junta y el Parlamento andaluz del rendimiento de su trabajo, la creación de un código de conducta de los gestores de las empresas públicas y un régimen sancionador para aquellas personas que incumplan la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.

Con respecto a la trasparencia del Ejecutivo al Parlamento, el PP solicita una respuesta “rápida y adecuada” a las peticiones de información de los parlamentarios, el cumplimiento de la Ley de Creación de la RTVA de 1987 así como al modificación del sistema de elección de su director, modificar la Ley de Cámara de Cuentas para mayor control del gasto público, y la creación de una Comisión Permanente no legislativa en el Parlamento para el seguimiento de las empresas.

Para “esclarecer” la administración de la Junta de Andalucía piden la publicación en Internet de la composición de los gabinetes que conforman las distintas consejerías, los asesores y personal eventual de confianza que trabajan para ellas, y un listado de los puestos de libre designación donde se especifique su trayectoria profesional y remuneración económica, así como la inclusión en los presupuestos andaluces de todas las empresas públicas, ya que de las 68 que existen, sólo aparecen 19.

ACUSAN A CHAVES DE QUERER GASTAR LA DEUDA EN PROVEEDORES

Por su parte, el presidente del partido en Granada, Juan de Dios Martínez Soriano, criticó a la Junta de Andalucía por rechazar la propuesta popular de invertir 298,9 millones en infraestructuras en Granada de los 2.500 derivados de la deuda financiera, acusando al presidente Chaves de querer pagar con ellos las deudas que mantiene la Administración autonómica con numerosos proveedores, “como lo hiciera con los más de 20.000 millones de las antiguas pesetas otorgados por Aznar en relación a la deuda histórica”.

La propuesta del reparto de los 2.500 millones procedentes de la financiación autonómica que el PP presentaró en el Parlamento andaluz, especificaba para Granada un total de 298,9 millones de euros, 2,1 millones por cada uno de los 70 kilómetros necesarios para el cierre del anillo de la primera circunvalación y el tramo de la A-334 Baza-Huércal Overa, y 18,9 para el metro ligero que unirá la capital con el Area Metropolitana.

En materia de sanidad, el PP exigió en el Parlamento 10 millones para el centro hospitalario de Orgiva (Granada), 12 para los centros de salud del Realejo, Góngora, Almuñécar, Motril, Salobreña y Zagra, y 5,2 millones de euros para los centros de día con servicios sociosanitarios de los municipios de Cúllar, Maracena, Cenes de la Vega, Molvízar, y La Herradura.

Asimismo, la propuesta del PP para Granada pasaba por la aportación de 19,4 millones para el Tecnoagrario en Baza, once millones para infraestruras para los caminos rurales y la red secundaria de regadíos, 5,7 para la Ciudad de la Justicia, 2,8 para una depuradora en Monachil y 44,4 para 1.110 viviendas de promoción pública.

Martínez Soriano señaló que se existe el “peligro” de que los socialistas no inviertan el dinero a inversiones productivas y creación de infraestructuras, tal y como solicita el PP, por lo que recordó que su partido realizará un seguimiento del gasto del dinero “y no cejará en su empeño de solicitar que sea destinado a los proyectos que no están presupuestados por la Junta pero que son de una necesidad perentoria”.

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