GRANADA, 12 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Granada ha solicitado 18 años de prisión y una orden de alejamiento de cinco años para la mujer y el hijastro de un empresario de Salobreña (Granada), J.L.B.C., al que presuntamente le propinaron una “brutal paliza” para que desistiera de la demanda de separación matrimonial interpuesta previamente de mutuo acuerdo.

El Ministerio Público solicita también cinco años de cárcel para el cuñado de la víctima, como cómplice de los hechos, Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.

Estos hechos se remontan a las 08.00 horas del día 30 de mayo de 2003 cuando la esposa e hijastro de la víctima, D.G.C., de 44 años de edad, y J.P.G., de 27, respectivamente, iniciaron una discusión a fin de que el cabeza de familia desistiera de la demanda de separación tramitada de mutuo acuerdo por ambos cónyuges en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Almuñécar.

Ante la negativa de éste, su hijastro, que convivía con el matrimonio, le golpeó con una silla hasta romperla, momento en que junto a su madre le dio una “brutal paliza” con un atizador de la chimenea, causándole lesiones en cabeza, cuello, cara, espalda, pierna, parrilla costal, muslo y testículos, dejándolo aturdido. Tras la presunta agresión, madre e hijo obligaron a la víctima a llamar a su abogado para que presentara un escrito en el mismo juzgado de Almuñécar paralizando la separación, lo que hizo “ante el temor de perder su vida”.

Según el relato fiscal, los presuntos agresores obligaron al empresario a que les acompañara al juzgado, recogiendo en el trayecto al hermano de la mujer, A.G.C., de 46 años, quien les hizo desistir de su idea dado que no era “recomendable” que se presentaran con él lesionado.

De ahí que lo trasladaran a varios lugares entre Almuñécar y Velilla para regresar finalmente al domicilio familiar donde le curaron las heridas “untándole Trombocid (…) y dándole sólo agua con un trato totalmente vejatorio”, pese a los ruegos del agredido de ser atendido en un hospital.

DEUDA Y TODOTERRENO

Los agresores, que hicieron caso omiso a sus súplicas, lo mantuvieron retenido todo ese fin de semana, hasta que en la madrugada del lunes 2 de junio le obligaron a firmar dos documentos, uno de ellos reconociendo una deuda de 29.200 euros a favor de su esposa, y otro de compraventa de un vehículo todoterreno marca Toyota por valor de 22.000 euros.

Ese mismo día por la mañana, los presuntos agresores permitieron que el empresario saliera para gestionar 30.000 euros con la venta de una finca por el reconocimiento de la deuda, ocasión que aprovechó para dirigirse al Juzgado de Guardia e interponer la correspondiente denuncia.

A consecuencia de la paliza recibida, J.L.B.C., sufrió policontusiones, hemorragia suconjuntival izquierda, alopecia postraumática, erosiones y excoriaciones, y lesiones psíquicas que requirieron un tratamiento de antidepresivos y ansiolíticos, tardando en curar ocho meses, de los que 67 días estuvo impedido para sus ocupaciones habituales, quedándole como secuelas varias cicatrices en la región craneal.

El fiscal solicita para madre e hijo una pena de 18 años de cárcel, y el pago de una multa de 10.800 euros por los delitos de lesiones, detención ilegal, extorsión, y obstrucción a la Justicia. Para el hijastro pide además una multa de 300 euros por una falta de daños. El cuñado de la víctima está acusado de complicidad en los delitos de detención ilegal y obstrucción a la justicia, por los que el Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión, y multa de 5.400 euros.

Asimismo, solicita que los dos principales acusados indemnicen al empresario con 15.000 euros por los daños físicos y psíquicos causados y asuman los gastos de asistencia sanitaria. Además pide la nulidad de los dos documentos que el agredido firmó coaccionado y que se les imponga la prohibición de comunicación y aproximación al domicilio familiar o a la víctima durante cinco años.

La acusación particular, por su parte, pide penas de cárcel que oscilan entre los nueve y los 15 años de prisión para los tres acusados, así como una indemnización de 18.840 euros. La defensa, solicita para sus clientes en su escrito de conclusiones provisionales la libre absolución, argumentando que la víctima quiso reanudar la convivencia con su mujer, y que tras la negativa de ésta, paralizó la separación e interpuso una denuncia contra ella por malos tratos como venganza.

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