GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

Más de 300 letrados granadinos asistirán el próximo 25 de junio en la Facultad de Filosofía y Letras a un curso de especialización sobre la Ley General Penitenciaria, donde, entre otros temas, se debatirá sobre la clasificación penitenciaria, los permisos de salida, el modelo español de cumplimiento de penas privativas de libertad y las consecuencias de la aplicación de la Ley Orgánica 7/03 de 30 de junio, de cumplimiento íntegro de las penas.

Según informó a Europa Press el Colegio de Abogados de Granada, organizador del evento, al curso asistirán como ponentes el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, el subdirector de Seguridad del Centro Penitenciario de Albolote (Granada), Miguel Angel de la Cruz Márquez, el subdirector de Tratamiento del mismo centro, Sergio Ruiz, el magistrado juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Vílchez González, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, José Miguel Zubaldía, y varios abogados especializados en esta materia.

El curso de un día de duración, de 09.00 a 21.00 horas, contará también con una mesa redonda como clausura, moderada por el director de la Escuela de Práctica Jurídica ‘José Jiménez Casquet’ de Granada, Luis Miguel Fernández, donde se debatirá el sistema penitenciario español, con la participación del director de la Prisión Provincial, Eduardo Caracuel, las diputadas de la Junta de Gobierno del Icagr, Inmaculada Jiménez, y Yolanda Solana, y miembros de su Comisión de AJG.

Los actos estarán presididos por el delegado provincial de Justicia de la Junta de Andalucía en Granada, José Luis Hernández, y el decano del Colegio de Abogados, José María Rosales de Angulo, y se desarrollarán íntegramente en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada.

El curso, de especialización y primer reciclaje y de obligado cumplimiento según la Orden de 11 de junio de 2001 de la Junta de Andalucía, está homologado por el Consejo Superior General de la Abogacía, y dirigido a aquellos letrados que prestan los servicios de asistencia jurídica gratuita en los procedimientos judiciales comprendidos en la Ley General Penitenciaria.

La jornada se celebra en un momento especialmente polémico por la masificación de la población reclusa en la prisión de Albolote y la progresiva reducción del número de funcionarios, denunciadas recientemente por algunas centrales sindicales, entre ellas Acaip. Este colectivo criticó la política de personal llevado a cabo por el director del centro granadino, al que acusan de estar privilegiando a trabajadores de su entorno que prestan servicios diferentes a los que tienen asignados y reciben compensaciones económicas por trabajos no realizados.

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