Están imputados el administrador y encargado de la granja y se ha decretado la inmovilización de los animales

SALAR (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agricultura y Pesca decretó el cierre cautelar de una granja porcina ubicada en el término municipal de Salar (Granada) por incumplir las normas de salud pública, hecho por el que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Loja ha puesto a disposición judicial al administrador general y al encargado de esta granja, imputándoles los presuntos delitos de intrusismo profesional y contra la salud pública.

Según informaron fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, ambos detenidos supuestamente administraron medicamentos a los cerdos sin ningún control veterinario.

En una inspección posterior que realizaron los agentes del Seprona y tres veterinarios de las localidades de Granada, Alhama y Loja, dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de Granada, se decretó el cierre cautelar de la granja hasta la obtención de los resultados de los análisis que realizaron a los piensos y al agua de los cebaderos de los corrales.

El pasado día 17 de mayo, la patrulla del Seprona localizó una granja porcina en el término municipal de Salar de la que no tenían constancia y le realizaron una inspección rutinaria. Durante la inspección observaron numerosas irregularidades ya que la granja no tenía licencia de apertura, el administrador no poseía el libro registro de explotación ni tampoco tenía el correspondiente informe medio ambiental.

Además localizaron, piensos no etiquetados para alimentación animal y distintos envases vacíos que habían contenido medicamentos veterinarios.

Tras alertar a la Oficina Comarcal Agraria de Loja de estas infracciones, el Seprona solicitó la colaboración de un veterinario para realizar una nueva inspección a la granja.

El día 27 de mayo se realiza dicha inspección y los agentes del Seprona localizan en el interior de la granja nuevos medicamentos y dos jeringuillas usadas.

Cuando se le requirió a los responsables que acreditaran con recetas de un veterinario la tenencia y el supuesto uso que habían hecho de dichos medicamentos en la granja, éstos no poseían ninguna receta, por lo que se procedió tanto contra el administrador de la granja, como contra el encargado, a los que se les imputó un presunto delito contra la salud pública, por administrar medicamentos a animales que luego pasarían a la cadena alimenticia humana; y otro de intrusismo profesional por ejercer de veterinario sin serlo.

Dichos agentes tomaron muestras de productos no identificados y que podría utilizarse para la alimentación de los animales o como medicamentos, muestras que han sido remitidas al Laboratorio de Toxicología de Sevilla para la identificación de los productos y su composición.

El pasado día 1 de junio, finalmente, y acompañados por los tres veterinarios a los que hemos aludido antes, también se tomaron muestras de piensos y aguas de las que se habían suministrado a los 750 cerdos de la granja; piensos que se han mandado analizar para determinar su naturaleza y poder saber si en el agua había algún tipo de sustancia medicamentosa. En esta inspección se cerró de forma cautelar la granja y se inmovilizaron los animales hasta tanto se obtengan los resultados de los análisis.

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