GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)

Cuatro de los nueve acusados por una falta de desorden público por cortar diez minutos el 31 de enero del año pasado la autovía A-92 a la altura de Huétor Tájar (Granada) en protesta por el ‘decretazo’ del Gobierno central han sido absueltos hoy ‘in voce’ por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Loja (Granada) después de que la Fiscalía retirada los cargos contra ellos a raíz de un acuerdo de conformidad entre las partes, mientras el resto han sido multados entre 90 y 360 euros, entre ellos el ex alcalde de El Salar Emilio Pinilla (IU).

Entre los absueltos se encuentran el ex alcalde de Moraleda Francisco Coca (IU), un sindicalista de Ustea y miembro del Comité de Empresa de la Universidad de Granada Francisco Cabrerizo y dos jornaleros vecinos de Moraleda, uno de ellos que “ni tan siquiera participó en la manifestación sino que aparcó su coche por la zona y por fue identificado por la matrícula del mismo”, según informó a Europa Press el letrado del Sindicato de Obreros del Campo (SOC).

El acuerdo entre Fiscalía y defensas, establece multas de 90 euros para tres sindicalistas del SOC –Ted Van Der Heide, el coordinador provincial del sindicato en Granada, Francisco Jaime Cobos, el coordinador de Huétor Tájar, Juan Pérez Morón, y el ex alcalde de El Salar, Emilio Pinilla–, y de 360 euros para la sindicalista María del Carmen García Bueno, al ser considerada la principal organizadora y promotora de la concentración.

En dicha concentración, que tuvo lugar a las 17.30 horas del 31 de enero de 2003, participaron más de un millar de personas, aunque sólo nueve fueron enjuiciadas por una falta de desorden público. El letrado del SOC, señaló que “no están satisfechos por el acuerdo, al que se ha llegado el trato que los juzgados dan a los sindicalistas”.

Hasta el momento, más de 100 jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo han sido procesados por su lucha en defensa del subsidio agrario y contra el ‘decretazo’ del PP, y multados con sanciones que superan los 90.000 euros, tras manifestarse por toda la geografía andaluza entre mayo de 2002 y enero de 2003 contra el ‘decretazo’ legislativo del PP que afectaba al Régimen General Agrario y a la Seguridad Social de los campesinos.

El parlamentario andaluz y coordinador de IU en Granada, Pedro Vaquero, presente en el juicio, señaló que el PP “ha querido con este tipo de juicios dar un escarmiento”, indicando que se está condenado “a compañeros por manifestar su opinión de forma pacífica contra la medida conocida como el ‘decretazo’, en la que los populares tuvieron que dar marcha atrás y rectificar”.

El sindicato Ustea, cuyo uno de los miembros ha sido finalmente absuelto, mostró ayer también su disconformidad por el juicio que ha tenido lugar en Loja, al que calificó de “caza de brujas”. En similares términos, se pronunció el Comité de Empresa de la Universidad de Granada, cuyo máximo representante, Lucas Ambel Sánchez, indicó que la gravedad del caso no se correspondía con el “nulo perjuicio ocasionado en ese momento a los usuarios de la autovía”, por lo que solicitó su absolución.

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