GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Comité de Empresa de la Universidad de Granada ha decidido hoy por unanimidad mostrar su apoyo y solidaridad con los nueve acusados por una falta de desorden público, tras cortar la A-92 a la altura de Huétor Tájar (Granada) el 31 de enero de 2003 en protesta por el ‘decretazo’ del anterior Gobierno central, cuyo juicio se celebrará mañana en el Juzgado de Primera Instancia 1 de Loja, ante cuyas puertas el sindicato Ustea ha convocado una concentración, también en señal de protesta.

En un comunicado firmado por el presidente de dicho Comité, Lucas Ambel Sánchez, el colectivo señala que la gravedad de las amenazas que se cernían sobre el futuro de los ahora acusados y el nulo perjuicio ocasionado en ese momento a los usuarios de la autovía «les exculpan de cualquier condena», por lo que solicitan al juez su «plena absolución».

Dicho órgano institucional entiende que «vivimos en una extraña sociedad en la que se puede interrumpir impunemente la circulación de vehículos para celebrar la victoria de un equipo de fútbol o una boda real», a lo que añade que «es un sarcasmo el que se criminalice el pacífico grito de angustia de los jornaleros de nuestros campos cuando vieron peligrar el pan de sus hijos».

En este sentido, recuerda que hasta el momento, más de cien jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) han sido procesados por su lucha contra el ‘decretazo’ del PP, y multados con sanciones que superan los 90.000 euros, indicando que «quien lo desee, puede colaborar económicamente ingresando su aportación voluntaria en la cuenta corriente abierta por el SOC, número 2098-0004-85-0132000292».

Nueve individuos, cinco sindicalistas del SOC, un delegado sindical de USTEA, dos agricultores, y el ex alcalde de El Salar (Granada), Emilio Pinilla (IU), se sentarán mañana en el banquillo de los acusados en el Juzgado de Primera Instancia 1 de Loja en un juicio de faltas rápido por desorden público, tras protagonizar una de las numerosas manifestaciones que se llevaron a cabo el 31 de diciembre de 2003 por toda la geografía andaluza, concretamente la que cortó la autovía A-92 sentido Sevilla a la altura de Huétor Tájar.

Según informó a Europa Press el abogado de SOC, los hechos ocurrieron a las 17.30 horas del 31 de enero de 2003 cuando miembros de varios sindicatos, entre ellos USTEA y SOC, junto a militantes de IU, y algunos dirigentes políticos y jornaleros de los pueblos cercanos, cortaron la carretera en defensa del subsidio agrario y en protesta por el llamado ‘decretazo’ del PP.

Varios juzgados andaluces de Primera Instancia impusieron en el pasado mes de junio a un centenar de jornaleros del SOC una serie de multas por valor de más de 42.070 euros en concepto de reparación de daños por las protestas, movilizaciones y cortes de carretera llevados a cabo en varias provincias andaluzas. El propio secretario general del sindicato, Diego Cañamero, tuvo que pagar en concepto de fianza 18.030,36 euros tras ser detenido durante una de las manifestaciones, que se desarrollaron desde mayo de 2002 a enero de 2003.

En este caso, nueve personas están acusadas de una falta de desorden público, aunque según uno de los letrados defensores, espera que el caso «se quede en nada, después de las sentencias absolutorias de algunos otros compañeros del sindicato», a pesar de que dicha protesta no había sido autorizada por escrito por al Subdelegación del Gobierno, «aunque sí comunicada con anterioridad».

El abogado argumentó que según la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, la responsabilidad última, «si es que la hubiera», debería recaer en los altos cargos del sindicato o en aquellas personas que porten pancartas «o inciten a la masa a cometer actos contra el orden público», sin embargo, señala que los nueve acusados «fueron elegidos al azar en el atestado de la Guardia Civil, posiblemente a través de fotografías o vídeos tomados de manera irregular, ya que en ese momento no se les pidió que se identificaran».

En total fueron 20 los procedimientos abiertos en Andalucía, entre ellos contra el alcalde en funciones de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el secretario general de SOC, 14 de los cuales se celebraron en Morón de la Frontera (Sevilla).

MANIFESTACION DE USTEA ANTE EL JUZGADO

La Unión de Sindicatos de Trabajadores de Andalucía (Ustea) ha convocado una manifestación ante el Juzgado de Primera Instancia 1 de Loja a las 09.30 horas en protesta por lo que considera un caso «que se ha sobredimensionado, ya que se trató «de un breve corte de la carretera de 10 minutos» contra el ‘decretazo’ legislativo del PP que afectaba al Régimen General Agrario y a la Seguridad Social de los campesinos.

A través de un comunicado, el sindicato calificó de «pacífico» este tipo de actos, «que por su brevedad y actitud de los manifestantes no merecían más atención ni dedicación por parte de las autoridades ni de la Justicia», indicando que se trataba de un «acto simbólico» que acabó en una «caza de brujas» del anterior Gobierno central.

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