GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) ha estimado íntegramente los recursos de casación presentados por un visitador médico y dos farmacéuticos granadinos condenados por la Audiencia de Granada a dos años y nueve meses de cárcel por estafar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) más de 56.000 euros con recetas falsas, anulando la sentencia ante la falta de razonamiento de la misma.

Según la sentencia de la Sala Segunda del TS, facilitada a Europa Press, el fallo judicial de la Audiencia de 29 de junio de 2002 vulnera los derechos de la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia e impide el ejercicio del control casacional sobre la decisión, al no estar suficientemente razonada.

El TS obliga a la Audiencia a volver a redactar la sentencia, a la que considera “opaca” porque “se limita a recoger de la manera más esquemática su conclusión sobre la prueba, guardado para sí los antecedentes de este proceso discursivo, desconocido, por ello, tanto para los condenados como para este tribunal que no puede valorarlo a efectos de esta impugnación”.

La sentencia condenaba a Salvador A.M.B., visitador de médicos, a Francisco J.G.T., jefe de Sección de una conocida clínica privada de Granada, y a Manuel G.M., dueño de una farmacia ubicada en el centro de la capital granadina, a dos años, nueve meses y un día de prisión por un delito continuado de falsedad en documentos oficiales y otro de estafa, así como al pago de multas que oscilan entre los 3.600 y los 5.400 euros, y una indemnización al SAS de 56.312,51 por el dinero estafado.

Asimismo, los inhabilitaba para empleo o cargo público durante el tiempo de la pena y condenaba a la clínica privada como responsable civil subsidiaria por el delito cometido presuntamente por su empleado.

Entre diciembre de 1996 y junio de 1997, el visitador de médicos de un laboratorio farmacéutico solicitó a los facultativos recetas médicas de pensionistas “que decía necesitaban sus familiares (…) alegando la imposibilidad o dificultad del traslado de los mismos a la consulta” con datos que él mismo les facilitaba argumentando que se le había olvidado la cartilla de afiliación, y que en realidad pertenecían a personas fallecidas, inexistentes o no afiliadas.

Estas recetas eran entregadas al jefe de Sección de la clínica quien adjuntaba los precintos. Posteriormente el farmacéutico les estampaba el sello y las cobraba al SAS, como si realmente hubieran sido dispensadas a clientes. En total fueron 1.166 recetas las que presuntamente cobraron de forma irregular, lo que supone 56.312,51 euros de beneficio ilícito repartido entre los tres acusados.

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