GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Juan Montabes, pidió hoy la dimisión del actual concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, José Antonio Balderas (PP), tras conocer la sentencia del juzgado de lo Contencioso número 1 de Granada que declara nula la destitución el pasado 11 de julio tras las elecciones municipales de Luis de Haro como jefe de la Policía Local, resolución que el alcalde ha anunciado que recurrirá.

Según informaron a Europa Press fuentes judiciales, dicha sentencia acusa a la actual corporación de haber actuado “con temeridad e ignorancia inexcusable al confundir un cargo político sin relación con la función pública con una relación funcionarial en un puesto de libre designación” y la obliga a restablecer al anterior jefe de la Policía en un cargo acorde con su escala y categoría profesional, “ya que su cargo lo consiguió en función de un concurso público, apoyado en la formación profesional, la capacidad y los méritos propios”.

Montabes exigió en rueda de prensa al alcalde, José Torres Hurtado, la asunción de responsabilidades por el fallo judicial, entre ellas, “el inmediato cese del teniente de alcalde José Antonio Balderas”, recordando que no es la primera vez que una sentencia obliga a los populares a readmitir a una funcionaria “cesada por motivos de índole política”.

Por su parte, el primer edil respondió la oposición pidiéndole “tranquilidad, paz y sosiego” hasta que no exista una sentencia firme, al tiempo que anunció que el consistorio recurrirá el fallo que incluso condena al Ayuntamiento a asumir las costas del juicio, “algo sorprendente ya que no se trata de la estimación total de la demanda, sino parcial”.

La actual corporación municipal se mostró “respetuosa” con la resolución judicial, aunque aseguró que su actuación ha sido “congruente y acorde a Derecho en cuanto al cese como jefe de la Policía a Luis de Haro, mantiniendo la legalidad del mismo y por tanto, convalidando los posteriores actos de nombramiento llevados a cabo”.

Asimismo, los populares aseguran que la sentencia reconoce la situación jurídico-personal del demandante como funcionario del Ayuntamiento de Granada, “extremo en el que no estamos de acuerdo porque esgrime una doctrina diferente y absolutamente novedosa que puede conducir, de extenderse a consolidarse, a un cambio profundo en las políticas de personal de las corporaciones locales, hasta el punto que desnaturaliza la libre designación convirtiéndola en una forma de acceso a la Administración Pública, distinta de la contemplada en el ordenamiento jurídico”.

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