GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)

El Ministerio Fiscal rebajó hoy a la mitad la pena solicitada para los tres súbditos ucranianos acusados de secuestrar en un piso de Málaga durante 12 días a un compatriota en enero de 2002, de conformidad con éstos, al modificar el delito de secuestro que inicialmente les imputada por uno de detención ilegal, ante la falta de pruebas que acrediten que pidieron un rescate por la víctima durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia.

Los tres acusados, en prisión provisional desde el 30 de enero de 2002, reconociendo durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial haber retenido a Vahyacheslav S., de 53 años, contra su voluntad en un piso ubicado en la calle Pepote, 31 de la capital malagueña, y haberse entrevistado con el hijo de éste, Igor S., aunque negaron pedirle un rescate de 3.600 euros, además de exigirle que trajera tres prostitutas de su país.

La Fiscalía rebajó de ocho a cuatro años la petición de cárcel para los hermanos Sergui y Oleg B., de 27 y 30 años de edad respectivamente, como autores de un delito de detención ilegal, y de seis años a dos y tres meses, para Eugeni U., de 24 años, como cómplice del mismo. Este último acusado manifestó en el juicio que desconocía “lo que estaban tramando los dos hermanos cuando se entrevistó con el hijo del secuestrado, pensando que era para algo de trabajo”.

Los acusados también negaron que introdujeran en un coche por la fuerza a Vahayacheslav S. sobre las 23.00 horas del 18 de enero de 2002 en Granada y lo trasladaran hasta Málaga bajo el engaño de que su hijo les debía 30.000 euros, señalando que la víctima ya se encontraba en la capital malagueña cuando procedieron a su detención.

El secuestrado fue liberado tras la denuncia de su hijo por la Policía Nacional el 30 de enero de 2002 en el citado inmueble, donde se encontraba “encerrado en una habitación, tumbado en la cama, boca abajo y con la persiana entornada”.

El fiscal mantuvo la petición de 12.000 euros de indemnización para la víctima del secuestro. Por su parte, los abogados defensores se mostraron de acuerdo con la acusación pública, aunque solicitaron que la pena para sus clientes sea sustuída por su expulsión del país, tal como contempla la reforma del Código Penal de 29 de septiembre de 2003, al ser ciudadanos extranjeros no residentes en España con penas inferiores a los seis años de prisión.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here