La formación compara el caso del Pabellón Mulhacén con el Algarrobico o el Nevada, ”son construcciones ilegales en las que los promotores tienen al menos tanta responsabilidad como las autoridades y técnicos que las autorizaron y en ningún caso deben ser indemnizados sino que deben compensar el daño causado. El Ayuntamiento debe defender Granada en vez de ofrecer la yugular de la gente”.

Marta Gutiérrez y Mayte Olalla, candidatas de la formación para las próximas elecciones municipales, han criticado que el equipo de gobierno haya recurrido la sentencia del TSJA que anulaba el estudio de detalle del Pabellón Mulhacén por el que se habían autorizado y construido restaurantes en una parcela cuyo destino obligado era equipamiento de deportivo. En palabras de Gutiérrez, “es el mundo al revés, el PSOE ha recurrido una sentencia en la que el TSJA defiende el interés público frente al de promotores investigados en la causa Nazarí, cediendo a su chantaje y amenaza de reclamar una indemnización, cuando es el Ayuntamiento el que debería estar reclamando daños y perjuicios al promotor y a sus cómplices del anterior gobierno, por el incumplimiento de un contrato de concesión, el lucro obtenido indebidamente por el empresario y la merma de equipamientos sufrida por la ciudad”.

Mayte Olalla ha apostado por poner fin a las prácticas de legalizar cualquier atropello urbanístico por la vía de los hechos consumados, “nuestro proyecto de ciudad es el de una Granada activa y saludable, y eso empieza por el planeamiento y la dotación de equipamientos. El suelo público debe responder a esta necesidad, no podemos permitir que donde debía haber un espacio deportivo termine construyéndose un restaurante de comida rápida, y mucho menos que la ciudadanía tenga que pagar la corrupción”. La candidata explica que no se habría llegado a esta situación si el equipo de gobierno hubiera hecho las prometidas auditorías, “en casos como este del Pabellón Mulhacén, se debería haber revisado de oficio todo el procedimiento, y declarar la nulidad de los estudios de detalle y de la concesión – tan modificada que en nada se parece a lo previsto inicialmente – pero el PSOE no ha levantado ni una sola alfombra, ni siquiera un felpudo”.

La formación defiende que en este momento, “ya que hasta ahora el PSOE no ha hecho nada por restituir la legalidad, al menos deberían acatar la sentencia, anular este estudio de detalle y todos aquellos que se basaran en la misma interpretación manipulada del planeamiento, y anular las licencias de obras”. También han recordado que este caso de posible corrupción ha salido a la luz pública gracias al trabajo de Ramón Arenas, denunciante de este caso y acusación popular en el Caso Nazarí, y que se ha de seguir por esa senda para restituir la legalidad; y a continuación, reclamar indemnización y compensación a las arcas públicas por los daños causados.

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