Marta Guritérrez, portavoz de Vamos Granada, exige que el equipo de gobierno tome la medidas necesarias para reclamar el perjuicio a los responsables del cambio de uso en el equipamiento deportivo del caso Mulhacén

Después de que la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA determinara la ilegalidad en la reducción del equipamiento deportivo y su sustitución por un uso uso lucrativo de bares y restaurantes realizada por el Ayuntamiento de nuestra ciudad en los terrenos junto al Pabellón Mulhacén, los mismos promotores que iniciaron y promovieron este cambio de uso declarado ilegales por el TSJA, ya están exigiendo al consistorio indemnizaciones y lucro cesante, por valor hasta el momento de 2,4 millones de €, y con posibilidad de aumentar por las reclamaciones de otras empresas que firmaron contratos para explotar comercialmente los locales resultantes del cambio de uso ilegal.

Marta Gutiérrez, concejal y portavoz de Vamos Granada en el ayuntamiento, ha declarado que el consistorio tiene que actuar en dos vías: exigir que se restituya la legalidad y que se compense y recupere ese equipamiento público deportivo, ya que este era el uso legal; y por otro lado poner en cuestión estas indemnizaciones que se están pidiendo y en el caso que hubiera consecuencias económicas, exigírselas a los responsables de estos cambios de uso que se han declarado ilegales. «La ciudadanía granadina no puede ser la que termine pagando las irregularidades cometidas por corruptos, se tienen que pedir responsabilidades patrimoniales mediante las acciones de regreso o acudiendo al Tribunal de Cuentas, por las vías que existen para estos casos, como ha hecho el gobierno de Manuela Carmena».

La concejal ha criticado la posición del equipo de Gobierno que ha declarado en la comisión municipal de Economía que está valorando recurrir la sentencia del estudio de detalle del pabellón Mulhacén, “esto significa que se da una patada hacia adelante de forma contraria a los intereses de la ciudadanía de Granada porque precisamente esta sentencia del TSJA defiende estos intereses, defendiendo el equipamiento deportivo municipal y señalando ese exceso de lucro producido de manera ilegal. Lo que un Gobierno debe hacer es reclamar el perjuicio a los responsables, cuando no lo hace da lugar a que se sospeche que teme los resultados de la investigación”.

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