El Defensor del Pueblo ha comunicado al Ayuntamiento de Cogollos Vega que “su actitud es hostil y entorpecedora” por negarse a remitir información sobre la subida de impuestos reclamada en varias ocasiones por la institución y advierte de que ello tendrá efectos.

La Asociación Cívica de Cogollos Vega ha hecho público este informe del Defensor del Pueblo, en el que se destaca el “incumplimiento” del Ayuntamiento ” del deber legal impuesto por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo”.

El colectivo vecinal en enero del año pasado ante la subida de impuestos planteada por el gobierno local, solicitó en período de información pública examinar los expedientes de modificación de las ordenanzas fiscales de los impuestos a vehículos, IBI y tasas de recogida de basuras. Tras la negativa del alcalde a proporcionarlos, la asociación “se vio obligada a recurrir al Defensor del Pueblo”, al que le comunicó el incumplimiento del Ayuntamiento.

La información reclamada por el Defensor del Pueblo fue requerida al Ayuntamiento de Cogollos Vega en junio de 2017. En octubre de 2017, el Defensor del Pueblo al no obtener respuesta comunicó a la asociación que “ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Ayuntamiento de Cogollos de la Vega, se le informa que en esta misma fecha se ha requerido la remisión urgente de la misma”.

El pasado mes de febrero, el Defensor del Pueblo comunicó que ante la falta de respuesta se había visto obligado a recordar por segunda vez al Ayuntamiento “su inexcusable deber de colaboración, expresamente regulado en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.”

Este mes, el Defensor del Pueblo ha vuelto a informar que “ante la ausencia de respuesta a este último requerimiento sería expresiva de una falta de colaboración de la Administración y del incumplimiento del deber legal impuesto por la Ley Orgánica 3/1981”, lo que dará lugar a “el informe correspondiente a las Cortes Generales y la declaración de la actitud hostil y entorpecedora”.

Para la Asociación Cívica esta comunicación “muestra claramente el talante” del alcalde, Manuel Lucena (PP), a quien el Defensor del Pueblo y el Consejo de Transparencia han reprochado su labor por actitudes “déspotas y caciquiles” como multar por criticar la gestión de sus concejales o impedir la grabación de los plenos.

Según la asociación, esta obstaculización al Defensor del Pueblo puede deberse a que el primer edil intenta entorpercer toda investigación que esclarezca los motivos que han llevado al Consistorio a la bancarrota y estar intervenido por Hacienda. Estas presuntas irregularidades dieron dieron motivos para que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas iniciara una investigación por “apreciar indicios de responsabilidad contable” y lo pusiese en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

“Una declaración de actitud ‘hostil y entorpecedora’ por las Cortes Generales debería avergonzar y hacer reflexionar al equipo de gobierno, más preocupado por sus sueldos que por realizar proyectos que mejoren la calidad de vida de los cogolleros”, ha subrayado la organización ciudadana.

Desde la asociación aseguran que seguirán en su empeño de criticar los abusos del actual gobierno de Cogollos Vega y comprometerse con las situaciones injustas para hacer un municipio más democrático donde prime el interés general de los vecinos frente al particular de los gobernantes.

Puedes descargar el comunicado del Defensor del Pueblo haciendo clic aquí.

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