Los secretarios generales de UGT Granada, Manuela Martínez y CCOO de Granada, Ricardo Flores, han presentado la manifestación que el próximo lunes 17 de diciembre se va a celebrar en todas las capitales de provincia, en Granada será a las 18:00 horas desde los Jardines del Triunfo, contra la última decisión del Gobierno de no actualizar las pensiones para 2013 y  contra la nueva Ley de tasas judiciales. Tras la rueda de prensa, a las 12:00 horas, unos doscientos de delegados y delegadas se han concentrado en la entrada de la Tesorería General de la Seguridad Social ‘En defensa de las pensiones y contra los recortes sociales’.

13/12/2012 CCOO de Granada

 

Manuela Martínez, Sª General de UGT Granada,  ha indicado que UGT y CCOO se han visto obligados, junto con la organizaciones sociales que les acompañan desde que empezó la crisis, a salir otra vez a la calle, porque el  Gobierno insiste en golpear a las capas más vulnerables de la sociedad. Por segundo año,  ha recordado la representante de UGT, los pensionistas ven como el Gobierno recorta su derecho a que se revaloricen sus pensiones, rompiendo el consenso alcanzado en el Pacto de Toledo, y de forma anticonstitucional a juicio del Sindicato, ya que la paga compensatoria   por la pérdida de poder adquisitivo de 2012 es un derecho de los pensionistas.

 

Esto afectará en Granada a 176.042 pensionistas, que cobran actualmente  una pensión media de 712,21€, inferior la media andaluza y que a pesar de este  reducido ingreso,  en muchos casos son el colchón que está  ayudando a muchas familias granadinas a subsistir.

protestas recorte pensiones

A esto se suma la política del Ministro de Justicia, que se ha empeñado que este servicio público  sea sólo para ricos, devolviéndonos incluso a épocas anteriores al franquismo. Este Gobierno lo ha hecho con el “tasazo”, impidiendo el derecho a la defensa  de los ciudadanos en general, y de los trabajadores en particular. La Reforma Laboral aprobada por el actual Gobierno, que es una máquina de destrucción de puestos de trabajo ha dado carta blanca a muchos empresarios a  cometer numerosas  irregularidades e incumplimientos laborales,  que ahora,  muchos trabajadores no van a poder denunciar ante los Juzgados de lo Social, al no poder asumir las tasas judiciales  que les impone el Ministro Gallardón. .

 

Por su parte, Ricardo Flores ha explicado que “primero fueron los salarios de los empleados públicos y los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras; después recortaron la enseñanza y sanidad pública, la prestación por desempleo, los servicios  públicos y sociales, la dependencia, la igualdad, la justicia, la I+D+i… y ahora tocan las pensiones, con el agravante de que en Andalucía las pensiones son un 10% inferiores que la media estatal”.

 

CCOO estima que con la no revalorización de las pensiones, el Gobierno hará perder a los pensionistas andaluces unos 300 millones de euros, teniendo en cuenta que el 30% de las pensiones son mínimas y que se trata de un colectivo que ya ha sufrido otras medidas de ajuste (copago sanitario, recortes dependencia, etc.) es toda una declaración de intenciones para empobrecer a la población, ha alertado Flores. Además, rompe unilateralmente el Pacto de Toledo y los acuerdos firmados con los agentes sociales y económicos.

 

El sindicato considera que la no revalorización de las pensiones es inconstitucional y debe ser invalidada. Por ello, CCOO pedirá a la Defensora del Pueblo que, en ejercicio de sus competencias, presente recurso de inconstitucionalidad contra una medida que perjudica al colectivo más vulnerable, el de los pensionistas.

 

Por último, en relación a la nueva Ley de tasas judicialesel sindicato se opone frontalmente, ha afirmado Ricardo Flores, porque crea una justicia solo para una minoría privilegiada, los ricos, e impide el acceso a este derecho fundamental a la inmensa mayoría de la sociedad; a los trabajadores que deberán pagar si quieren recurrir en los Juzgados de lo Social, lo que  los sitúa en una situación de desventaja frente al empresario.  El Gobierno del PP pretende que paguemos por registrar nuestro nacimiento, matrimonios y divorcios etc.

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