La Junta de Andalucía ha acumulado deudas por un importe de 50 millones de euros con la Diputación Provincial de Granada que afectan principalmente a las políticas sociales en la provincia pero también a proyectos relacionados con la creación de empleo, el medio ambiente, el turismo o la juventud. Según ha explicado hoy la diputada delegada de Economía, Contratación y Patrimonio, Inmaculada Hernández, a los más de 39 millones de euros que se han dejado de abonar por los “recortes encubiertos” en la tramitación y pago de los convenios firmados entre las administraciones autonómica y provincial, la Junta de Andalucía suma otros 10 millones de deuda tributaria por las tasas que no paga por los Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES) de los que es titular, o por las sedes y oficinas en la provincia de organismos de la administración autonómica.

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Ello está teniendo consecuencias en el funcionamiento de la Tesorería en la Diputación Provincial, con problemas de liquidez, según ha afirmado la diputada de Economía, Contratación y Patrimonio que ha explicado que, ante esta situación, la Junta de Andalucía utiliza “excusas de mal pagador” al apuntar al Gobierno de la Nación como la causa de estos impagos pese a que datan del ejercicio 2003 en algunos casos. “La deuda de la Junta de Andalucía con la Institución Provincial lleva diez años aumentando en vez de ir disminuyendo”, ha aseverado Inmaculada Hernández.

 

En este sentido, Hernández, que se ha preguntado si “también tiene la culpa Mariano Rajoy, que lleva un año gobernando en Madrid, de esa deuda”, ha señalado que los anteriores equipos de Gobierno de la Diputación tenían “cierta relajación a la hora de exigir a sus compañeros en la Junta de Andalucía que pagaran lo que se adeudaba”. A ello se ha unido la política de “deslealtad institucional” que la Junta de Andalucía mantiene con el actual equipo de Gobierno provincial en esta materia. “Los mismos técnicos nos dicen que antes se pagaba escrupulosamente, hasta que llegó un Gobierno del Partido Popular y se ordenó desde Sevilla cerrar el grifo a esta Diputación”, ha afirmado la diputada.

 

La administración autonómica practica un “doble recorte” con la Diputación de Granada, según ha explicado Inmaculada Hernández que ha añadido que la Junta está poniendo fin a programas como los de implantación de la Ley de Dependencia, en Servicios Sociales Comunitarios, y, por otro lado, no está abonando las partidas de los convenios que ha firmado. “De nada sirve que nos ofrezcan convenios en las distintas áreas si luego no nos mandan el dinero”, ha recalcado Hernández que ha insistido en que la Junta “nos manda las competencias, nos encarga los trabajos, y tenemos que contratar a personal que lleven a cabo esos trabajos pero, sin embargo, no nos manda el dinero”.

 

Según los datos de Tesorería General de la Diputación, por los convenios de Estancias en Servicios Sociales, datan deudas de 50.000 euros en 2003, 24.000 euros en 2004, 129.000 euros en 2005, y 177.000 euros en 2006. En programas de Terapia Ocupacional, con deudas desde 2010, se repite una situación similar, al igual que con los de Respiro Familiar, Ley de Dependencia, Consultorios de Salud, Emigración, Ayudas Económicas Familiares, y Centro de Drogodependencias. “Con todas y cada una de las partidas de Bienestar Social tenemos deudas de distintos ejercicios”, ha aseverado la diputada de Economía que ha cuantificado en 15 millones de euros la deuda que afecta a esta delegación y, con ello, a las personas que reciben prestaciones sociales en la provincia.

 

Medio Ambiente cuenta con una deuda de 10,1 millones de euros, en Fomento y Obras Públicas hay impagos que superan los 9 millones de euros, y en políticas de Empleo el medio millón de euros a pesar de ser el principal problema que tiene en este momento la provincia.

 

En cuanto a la deuda tributaria, la diputada de Economía ha denunciado que “todo sujeto pasivo que tiene una propiedad tiene que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) todos los años” y se tiene que atener a las consecuencias previstas por la ley si no lo hace, cambiando la situación “cuando el titular es la Junta de Andalucía que decide que no se paga a la provincia de Granada”. Así ocurre con las tasas correspondientes a los BICES, embalses y pantanos de los que es titular la Agencia Andaluza del Agua. Junto con el IBI de las oficinas de los organismos de las distintas consejerías en la provincia, estos impagos suman una cantidad de 9.650.000 euros. Todo ello escudándose en su calidad de “administración inembargable”.

 

La diputada de Economía ha subrayado a este respecto que “esto causa además un perjuicio a la Diputación puesto que nosotros sí anticipamos el dinero a través del Servicio Provincial Tributario a los municipios donde están estos bienes inmuebles que nos piden adelantos de hasta el 75 y el 80 por ciento” de las cantidades correspondientes. “Si no fuera por la Diputación Provincial, la supervivencia de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia estaría en juego”, ha añadido la diputada de Economía.

 

Para Inmaculada Hernández, todo ello hace que la situación económica de la Diputación sea “insostenible” pues, a los ajustes presupuestarios, suma los “problemas de Tesorería porque nos faltan cincuenta millones de euros”.

 

“Esta situación lo que hace es asfixiar a la Diputación de Granada y por ende a todos los municipios de la provincia y a todos los granadinos porque el mismo derecho a recibir prestaciones de todo tipo tienen los ciudadanos que viven en la Puerta del Sol de Madrid que los que viven en la Alpujarra, la Costa de Granada, el Altiplano o el Poniente”, ha concluido Hernández que ha señalado que la Diputación trabaja para garantizar ese extremo aunque “con un gran esfuerzo que estamos realizando puesto que carecemos de recursos suficientes”.

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