El vicepresidente segundo y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles, ha expuesto hoy en rueda de prensa la delicada situación en la que se encuentra el Consorcio Provincial de Residuos Urbanos RESUR de Granada como consecuencia de la deuda que mantiene con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que se eleva a los 24,9 millones de euros, y de la deuda que a su vez mantienen municipios con el propio consorcio la cual se ha cifrado en 25 millones de euros.

 

Estos impagos se han ido acumulando a lo largo de los años y en julio de 2011, cuando llega el actual equipo de Gobierno a la Diputación Provincial, la deuda con la empresa era de 24.272.000 euros y la de los ayuntamientos, mayoritariamente del PSOE y, por tanto, de las mismas siglas políticas que los anteriores gobiernos provinciales, se cifraba en 21,5 millones de euros en esa misma fecha.

“Históricamente desde la constitución del consorcio, el PSOE en el Gobierno de la Institución Provincial nunca reclamó el dinero a los ayuntamientos, principalmente porque la gran mayoría estaban gobernados por las mismas siglas políticas”, ha explicado José Robles que ha explicado que el equipo de Gobierno “ha podido amortiguar el aumento de la deuda” con FCC pero “por motivos obvios, lo que no ha podido amortiguar es el aumento de la deuda que los ayuntamientos acumulan mensualmente con RESUR”.

 

Ante esta situación, el vicepresidente segundo ha denunciado la actitud en la que ha perseverado el PSOE. Este partido de la oposición votó en la asamblea general de RESUR hace cinco meses contra la idea de cobrar las cuotas a los ayuntamientos a través de los Fondos del Estado o de Participación de los Ingresos de la Comunidad Autónoma (PICA) que pueden ser utilizados para ello, así como de  propiciar convenios como los firmados con los ayuntamientos de Granada y Motril para ir cubriendo estas deudas acumuladas.

 

“El PSOE, que es el que ha creado el problema y el que nos ha dejado la deuda de 21,5 millones de euros, vota en contra en la asamblea de poder cobrar a través de la PICA o del Estado”, ha criticado el vicepresidente.

 

El equipo de Gobierno es consciente de que hoy día, “con planes de ajuste y retención de fondos” por parte de otras administraciones, “prácticamente va a ser imposible que los ayuntamientos sigan pagando lo que tienen que pagar para el tratamiento de residuos”, un servicio que los ayuntamientos “por ley tienen que prestarlo y es insalvable”, ha explicado Robles.

 

A su vez, la oposición se ha negado a apoyar la propuesta del equipo de Gobierno de que sean los vecinos los que paguen directamente a RESUR el canon de tratamiento de residuos. Para ello es necesario un cambio de estatutos con el apoyo de los gobiernos municipales de 87 municipios. “Los que han creado el problema, ahora están intentando boicotear su solución”, ha señalado Robles que ha puesto sobre la mesa los datos que apuntan que los cinco ayuntamientos más morosos están o han estado gobernados hasta 2011 por el PSOE.

 

Los municipios que están a la cabeza de la deuda con RESUR son Atarfe, que debe 150 euros por habitante y lleva 84,3 meses sin pagar el canon de tratamiento de residuos, Láchar (91 meses sin pagar), que debe 92,38 euros por habitante, e Íllora (82 meses sin pagar), con 72,46 euros por habitante, algunos con cuotas sin pagar desde hace más de 90 meses, lo cual demuestra “el grado de dejadez del PSOE en la Diputación y en estos municipios”.

 

Robles se ha detenido en el caso de Atarfe para explicar que su ayuntamiento “podría estar ante una situación de apropiación indebida” al estar cobrando tasas para el tratamiento de residuos no municipales correspondientes a polígonos que suponen el doble de las tasas municipales. “Le cobra a las empresas ese tratamiento de residuos no municipal, le cobra y se lo queda”, ha remachado el diputado de Medio Ambiente que ha especificado que, de enero a septiembre de 2012, Atarfe ha recaudado 121.000 euros de tasas municipales y 147.000 euros de tasas no municipales.

 

“La Diputación de Granada no puede estar ajena a este problema que hay que resolver”, ha señalado Robles que ha dicho que “en el ejercicio de sus funciones, la Diputación asumirá el tratamiento de los residuos de los municipios con ayuntamientos que deleguen y que ahora mismo tienen delegado en RESUR”. Los ayuntamientos de Granada, Motril y Almuñécar, al igual que se le va a proponer a Guadix y a Baza, tienen ya convenios para ir reponiendo las deudas con RESUR. Son municipios de más de 20.000 habitantes que tienen Parques de Bomberos para los que la Diputación transfiere una partida desde el Consorcio de Bomberos que ahora, y gracias a estos convenios, se puede abonar a RESUR.

 

Algo que podría haber hecho el PSOE desde 2010 en el caso del Ayuntamiento de Granada lo cual habría supuesto, según el vicepresidente segundo, reducir la deuda notablemente.

 

José Robles ha criticado por último que el Consorcio Vega-Sierra Elvira esté tratando de articular un ente instrumental para la recogida de residuos sólidos urbanos capitaneado por el alcalde de Maracena y secretario de política municipal del PSOE, Noel López, lo cual sería “un ente paralelo” al de Diputación que además podría suponer un encarecimiento del servicio.

 

Frente esta actitud de confrontación y sin menoscabo de que la Diputación “salvaguardará los intereses de los granadinos de todas las comarcas”, el vicepresidente segundo ha pedido a los dirigentes socialistas que “aporten todas las ideas para progresar en la recogida y tratamiento de residuos en la provincia y que, en la medida de lo posible, cueste lo mismo el servicio en Cádiar que en Maracena”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here