El proceso de puesta en marcha del presupuesto participativo avanzó a nivel informativo con una charla en la que se dieron todos los detalles de la iniciativa

El presupuesto municipal de Peligros de 2013 incluirá las propuestas que la ciudadanía considere prioritarias para el municipio, gracias al proceso de elaboración de presupuesto participativo iniciado meses atrás por el equipo de gobierno local; proceso que se encuentra ahora en fase de regulación. Las reglas propias serán consensuadas en unos días con los vecinos, para pasar a continuación a escuchar sus propuestas. Para informar de todo el proceso, de cómo funciona, cómo se pone en marcha y cómo se consolida, el Ayuntamiento de Peligros ha ofrecido esta semana una charla informativa a cargo de Virginia Barbarrusa, de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía.

 

Según Virginia Barbarrusa, que abrió la charla con el epígrafe ‘Democratizar la Democracia’, el presupuesto participativo es “un proceso por el cual se abren espacios públicos de debate para decidir entre todos las prioridades del gasto del presupuesto del Ayuntamiento”. El presupuesto participativo es uno de los pilares fundamentales de la democracia participativa, que sería resultado de la democracia representativa y la democracia directa.

 

Este proceso democratizador permite a los vecinos y vecinas incidir en la vida del municipio, aumenta la transparencia y eficiencia de la gestión pública, hace corresponsables a ciudadanos y ciudadanas –lo que favorece el acercamiento entre la ciudadanía y la política-, y promueve “una ciudadanía autónoma, activa y consciente”, en palabras de Barbarrusa.

 

Los principios básicos de los presupuestos participativos quedaron asentados en la Declaración de Antequera; tienen que ser universales, autorreglamentados, vinculantes y tener un seguimiento y rendición de cuentas. Es decir, abiertos a todos y todas: una mujer, un hombre, un voto; diseñados desde la participación colectiva, con decisiones que son de obligado cumplimiento, y su ejecución tiene que ser supervisada por la ciudadanía.

 

Políticos, técnicos y vecinos componen el triángulo necesario para hacer realidad un presupuesto participativo. Según la Declaración de Antequera, corresponde a los políticos poner en marcha el proceso y garantizar el funcionamiento, ejecutar las propuestas vecinales e informar a la ciudadanía sobre el gasto y la ejecución de las propuestas; es papel de los técnicos facilitar el funcionamiento en el día a día, formar parte de la comisión que valora la viabilidad de las propuestas y trabajar en su ejecución; corresponde a los vecinos elaborar el reglamento, participar en las distintas asambleas para proponer y decidir sobre el gasto en las áreas a debate, etcétera.

 

El proceso de puesta en marcha del presupuesto participativo pasaría por cuatro fases: organización, con mapeos, constitución del grupo motor, difusión, autorreglamento…; una segunda fase de propuestas, con proposiciones y debates, estudios de viabilidad…; una tercera etapa de priorización, en la que la ciudadanía decide qué es más relevante y urgente, y en la que pasan por el Pleno municipal esas propuestas; y una cuarta fase de seguimiento en la que estarían incluidos los pasos de ejecución, constitución del grupo de seguimiento, evaluación del proceso, devolución de la información a la ciudadanía y, definitivamente, puesta en marcha de un nuevo proceso.

 

Cada ciclo de presupuesto participativo abarca dos años: primero se proponen y priorizan las propuestas ciudadanas que se incluirán en el presupuesto del año siguiente; en ese ejercicio siguiente se ejecutan las propuestas bajo la supervisión ciudadana, y se priorizan las que se incluirán al año siguiente.

 

Las primeras experiencias de presupuestos participativos se dieron en ciudades brasileñas como Porto Alegre y Belo Horizonte entre 1989 y 1997. A partir de este año fueron masivos en Brasil. La diversificación más allá del país carioca se produjo a partir del año 2000. En los países del Norte estas iniciativas surgen en un contexto de crisis generalizada de legitimidad de las instituciones políticas tradicionales, en países con democracias formales con elecciones cada cuatro años que, en opinión de Virginia Barbarrusa, han llevado a una crisis de representatividad. “El principio de legitimidad democrática se está viendo socavado por una frágil relación entre la ciudadanía y sus representantes políticos, que se traduce en desinterés, pasividad, baja participación, falta de confianza en las instituciones públicas…”, apuntó.

 

En las dos últimas décadas se habla insistentemente de participación ciudadana en Europa. Ya en 2001, el Consejo de Europa recomendaba promover la participación ciudadana y facilitar una mayor implicación de la ciudadanía en la gestión pública.

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