El equipo de Gobierno propondrá el próximo 3 de diciembre a la asamblea general del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos RESUR su disolución para garantizar la prestación del servicio y tratamiento de basuras porque el actual sistema “ante la irresponsabilidad del PSOE en la Diputación de Granada, está condenado al fracaso”, según ha anunciado hoy en rueda de prensa el vicepresidente segundo y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles.

 

Robles ha recordado la delicada situación en la que se encuentra RESUR como consecuencia de la deuda que mantiene con la empresa concesionaria Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que se eleva a los 24,9 millones de euros, y de la deuda que a su vez mantienen municipios con el propio consorcio la cual se ha cifrado en 25 millones de euros.

 

Para proceder a la disolución de RESUR, se constituirá una comisión liquidadora que coincide con la Junta de Gobierno de la Diputación en la que están representados los tres grupos de la Corporación Provincial y alcaldes de todos los signos políticos de la provincia. Esta comisión será la encargada “de cobrar y de pagar”, ha señalado el vicepresidente segundo que ha proseguido “dejando muy claro que cada ayuntamiento tendrá que pagar lo suyo y la Diputación no va a asumir la deuda de ningún ayuntamiento”.

 

Estos impagos se han ido acumulando a lo largo de los años y, en julio de 2011, cuando llega el actual equipo de Gobierno a la Diputación Provincial, la deuda con la empresa era de 24.272.000 euros y la de los ayuntamientos, mayoritariamente del PSOE y, por tanto, de las mismas siglas políticas que los anteriores gobiernos provinciales, se cifraba en 21,5 millones de euros en esa misma fecha.

 

Los ayuntamientos estarán informados en todo momento del proceso al que se da inicio el próximo 3 de diciembre mediante “reuniones con técnicos y políticos” que se sucederán durante el primer semestre de 2013 con el ofrecimiento a los ayuntamientos para que puedan delegar en la Diputación la prestación de este “servicio básico y esencial que tienen que prestar todos los municipios de la provincia”. Teniendo como referente la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos de Alhendín, en la que se han invertido 20 millones d euros, la Institución Provincial incorporaría al servicio de recogida de basuras la separación y tratamiento de residuos. El equipo de Gobierno solucionaría de este modo el “auténtico galimatías” que, según ha explicado hoy José Robles, en la actualidad el reciclaje en los municipios que tienen firmados múltiples convenios con empresas y entidades para la recogida de ropa, plásticos y otros materiales para reciclar.

 

El vicepresidente y diputado delegado de Medio Ambiente ha lanzado un “mensaje de tranquilidad a todos los alcaldes de la provincia de Granada” dirigido principalmente a recalcar que “el servicio no se va a dejar de prestar ni un solo día porque la Diputación se encargará de garantizarlo y habrá un día que el consorcio en liquidación dejará de prestar el servicio y justo al día siguiente lo prestará la Diputación”.

 

En este sentido, José Robles ha criticado al Grupo Socialista, y en concreto al que fuera vicepresidente económico de la Institución Provincial, José María Aponte, y a su actual viceportavoz segunda y exalcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, por referirse a que “algo huele a podrido” en este proceso cuando el equipo de Gobierno está trabajando con base a la ley en la resolución de este problema heredado mientras “ellos no hicieron nada para cobrar esas deudas porque los ayuntamientos estaban gobernados por el PSOE”.

“¿Acaso tengo yo que poner en tela de juicio o pensar que se va a hacer algo ilegal en Maracena en el Consorcio Sierra Nevada Vega Sur?”, se ha preguntado el vicepresidente José Robles en referencia a la iniciativa para la articulación de un ente instrumental para la recogida de residuos sólidos urbanos capitaneada por el alcalde de Maracena y secretario de política municipal del PSOE, Noel López.

 

“Yo estoy convencido de que lo que están haciendo los ayuntamientos lo van a hacer dentro de la más absoluta legalidad pero el colmo es que la diputada que lleva 13 años sin pagar la contribución en su ayuntamiento después de haber sido alcaldesa venga aquí a hablar en esos términos”, ha remachado Robles que ha recordado que el periodo en el que se acumula de forma notable la deuda con RESUR es en los últimos mandatos socialistas al frente de la Diputación, “casualmente cuando dos políticos fueron gerentes del consorcio, uno el que fuera alcalde de Alhama y otro el exalcalde de Castilléjar, que no eran técnicos”.

 

Los municipios que están a la cabeza de la deuda con RESUR son Atarfe, que debe 150 euros por habitante y lleva 84,3 meses sin pagar el canon de tratamiento de residuos, Láchar (91 meses sin pagar), que debe 92,38 euros por habitante, e Íllora (82 meses sin pagar), con 72,46 euros por habitante, algunos con cuotas sin pagar desde hace más de 90 meses.

 

“No se pueden utilizar las empresas públicas para pagar favores políticos”, ha reseñado José Robles que ha recordado que la gerencia de RESUR la ocupa hoy un técnico que marca las pautas para garantizar el servicio de recogida y tratamiento de residuos a los municipios para lo cual ha hecho finalmente una “llamada a la responsabilidad a quienes nos han llevado a esta situación”.

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