GRANADA, 24 (EUROPA PRESS)
José Puertas Laguna, el empresario acusado de un posible delito de cohecho al intentar sobornar al alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz, y al concejal de Urbanismo de la localidad, ha negado este lunes ante el jurado que lo enjuicia en la Audiencia Provincial de Granada haberles ofrecido la suma de tres millones de euros a cambio de que el Ayuntamiento no concediese licencias de ocupación de 46 viviendas ni recepcionase la urbanización en la que se encontraban para poder cobrar unos avales bancarios.
El procesado, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años de cárcel, y multa de 3,2 millones de euros, ha afirmado que «no hubo» soborno y que no tenía la cantidad que supuestamente había propuesto a los responsables municipales. De hecho, Puertas Laguna, de 72 años, ha asegurado que actualmente no se dedica a los negocios, sino que pasa su tiempo en un vivero de plantas que regenta, por lo que ha interpelado a la fiscal para preguntarle «¿de dónde iba a sacar yo el dinero, de las macetas?».
Según ha señalado, en 2003, la sociedad de la que es representante, Puertas Melero S.A., suscribió un contrato de permuta con la empresa Alcuba por el que le vendía unos terrenos de unos 300.000 metros cuadrados para la construcción de una urbanización de unas 300 viviendas. En el contrato se incluyó la condición de que se le entregaran 50 antes del 31 de octubre de 2007, y con la premisa de que si la empresa no cumplía con sus compromisos, tendría que hacer frente a un aval de tres millones de euros y al pago de la cantidad de 430 euros por vivienda y por mes de retraso.
Cuando se acercaba la fecha, según ha explicado, visitó junto al alcalde de Otura los terrenos de las viviendas, y ambos pudieron comprobar que éstas no estaban terminadas, y que incluso habían quedado muy afectadas por una reciente tromba de agua. De hecho, ha asegurado que el alcalde le dijo que la urbanización «no estaba para ser recepcionada», aunque le advirtió al empresario de que haría lo que le indicaran los técnicos.
Fue el alcalde, ha explicado, de quien partió la idea de que Puertas Laguna y representantes de Alcuba se reunieran en el Ayuntamiento el 25 de septiembre de 2007 para intentar alcanzar un acuerdo sobre la terminación de las viviendas. Pero el encuentro resultó «tenso», puesto que Alcuba, que defendía que éstas ya estaban terminadas, le exigió a Puertas un total de 1,7 millones de euros por unas obras que había ejecutado fuera del proyecto, e incluso le ofreció comprarle las 50 viviendas que tenía que entregarle.
El empresario reaccionó ante la petición de Alcuba y se negó a venderle las 50 viviendas que le correspondían, instándole además a que las terminaran, lo que, a día de hoy, según ha indicado, aún no se ha producido. Sabía, ha mantenido, que Alcuba no estaba «muy boyante» y no creyó que le fueran a comprar las viviendas, valoradas en unos 360.000 euros cada una. No obstante, el alcalde propuso una nueva reunión posterior, a la que todas las partes accedieron, según ha relatado el procesado.
UNA PLAZA CON SU NOMBRE
Al terminar aquella reunión, el alcalde dijo al empresario «Pepe, no te vayas que quiero hablarlo contigo», así que éste accedió a permanecer en el Ayuntamiento en presencia del concejal de Urbanismo. Fernández-Sanz le volvió a reiterar que él no podía decidir acerca de las licencias de primera ocupación de las viviendas o acerca de recepcionar o no las obras, y que eso habrían de decidirlo los técnicos. Tras esa conversación, el alcalde le pidió al empresario que le cediera un solar que éste poseía en el centro de Otura para la construcción de un aparcamiento o una plaza pública, a la que le prometió, ha remarcado, ponerle el nombre de «Pepe Puertas», algo que no interesó al imputado.
Al cabo de los días, Puertas Laguna se enteró de que el Ayuntamiento había recepcionado las obras, y fue a pedirle explicaciones al alcalde y a los técnicos, a los que se dirigió preguntándoles «con qué gafas habían mirado las viviendas», porque, en su opinión, se podía observar claramente que no estaban concluidas.
Los técnicos le contestaron que se habían limitado a cumplir con la legalidad, pero después supo que éstos se habían negado a la recepción, y que había sido el alcalde quien la había concedido, razón por la que le denunció por un posible delito de prevaricación, junto con todo el equipo de gobierno, una denuncia que recientemente ha derivado en un auto de procedimiento abreviado que sitúa al regidor a un paso de la celebración de vista oral por este asunto.
El Ayuntamiento de Otura ejerce la acusación popular en este caso, por el que pide un año y medio de prisión y multa de tres millones de euros al empresario. Los hechos fueron denunciados en febrero de 2008 por el propio alcalde de Otura, que en su día hizo constar en la denuncia que él le recriminó al inculpado su actitud, cuando le propuso entregarle tres millones de euros para evitar que la urbanización se recepcionase.
La defensa del empresario, que pide su libre absolución, sostiene que todo es producto de un «enconamiento absoluto» entre el alcalde y Puertas Laguna, y afirma que la beneficiada ha sido en cualquier caso la empresa Alcuba, que aún no ha ejecutado el aval previsto, ni ha pagado indemnización alguna al acusado.

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