GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)
El diputado delegado de Bienestar Social y vicepresidente segundo de la Diputación de Granada, José Antonio Robles (PP), ha asegurado este miércoles de que el PSOE permitió que los 13 centros sociales comunitarios dependientes de la institución provincial que están operativos en la provincia de Granada funcionen sin contar con la autorización definitiva de la Junta de Andalucía.
En este sentido, Robles ha censurado que el anterior equipo de gobierno socialista «siempre vendió que el mejor área que tiene la Diputación y la que presta mejores servicios es Bienestar Social, lo que nunca se nos ha dicho es la situación en la que se encontraban esos servicios».
En rueda de prensa, Robles ha señalado que en las diversas reuniones mantenidas con la anterior diputada responsable del área, Juana María Rodríguez Masa, «nunca se nos informó de los trece informes elaborados por la Junta en los que se recogían las múltiples deficiencias que presentan los centros y de cuya gravedad ella conocía personalmente». «El PSOE mintió a todos los granadinos, no solo al gobierno del PP, sino a todos los vecinos de la provincia. De haber tenido conocimiento este equipo de Gobierno de las deficiencias que presentan los centros hubiera sido más fácil intentar resolverlas de forma inmediata», ha criticado.
Sin embargo, ha mantenido que las «trabas» para la construcción de nuevos centros y mejora de los existentes «parten de la Junta de Andalucía, que por primera vez en la historia no ha convocado la línea de ayudas para la construcción de centros sociales comunitarios en la provincia».
«Esto supone un recorte importante en materia social, al quedarse Diputación sin los 500.000 euros que percibía para inversiones en los centros. El PSOE en la Junta se cansa de decir que el PP recortará en política social, pero son ellos los que han recortado en esta área, dejando a la provincia en una situación difícil y demostrando que la prioridad de los socialistas nunca han sido las políticas sociales», ha recalcado.
El vicepresidente ha apostillado que las administraciones «tenemos que dar ejemplo del cumplimiento de la ley y, hasta la fecha, ni Junta ni Diputación, estos años atrás, lo han hecho». En este punto, ha especificado que se han dado casos «tan curiosos» como que un centro pidiera autorización el 21 de noviembre de 2009 «y después no se supiera más del asunto, sin que Diputación vigilase si la Junta la concedía o no».
Robles ha señalado que, de esos trece informes, el más grave afecta al centro social de Benalúa de Guadix de cuyo documento se extrae, por ejemplo, que el centro «no está emplazado en un entorno adecuado, que el estado de la pintura es deficiente, existen puertas que carecen de marcos o los tienen deteriorados, faltan algunas placas de falso techo en el pasillo o existen varios desprendimientos de los alicatados de los aseos». «Por si esto fuera poco, el propio informe señala que el lavabo del aseo adaptado de planta alta está roto y que en el mismo, de la toma del inodoro sale una conexión mediante un tubo de goma que pasando a través de la ventana sirve para dar suministro de agua a la planta tercera», explica.
«NO ES DIGNO»
«No es digno que en el año 2011, el servicio que se está prestando en un edificio que se construyó en el año 2005, con una inversión de 200.000 euros, tenga las deficiencias que tiene y que incluso se hayan eliminado partidas de obra que sí se recogían en el proyecto de ejecución. El Gobierno de la Diputación quiere saber dónde ha ido a parar el dinero de esas partidas que no se ejecutaron, como es el caso de una escalera que se eliminó en el proyecto y que obliga, a día de hoy, a utilizar la del edificio anexo», ha recriminado Robles.
Igualmente, ha enumerado las deficiencias existentes en otros centros de la provincia, como Santa Fe, que a pesar de inaugurarse con la presencia a «tuti plein» de la delegada del Gobierno y de disponer de una inversión de 800.000 euros, «a día de hoy el centro no está acabado y encima requiere ampliar la inversión, con 80.000 euros más».
También, ha apuntado los casos de Iznalloz, con 700.000 euros de presupuesto e inaugurado en 2007, «el mismo año desde el que no funciona el ascensor por falta de potencia eléctrica, sin que hasta el momento el Ayuntamiento se haya hecho responsable del asunto»; o Huétor Tájar, «centro que está operativo, a pesar de contar con un informe en contra de la Junta de Andalucía que dice que no se puede dar autorización por deficiencias insubsanables, tales como que la instalación de calefacción se tome prestada del instituto situado al lado del centro».
No obstante, el equipo de gobierno de la Diputación «ya se ha puesto a trabajar ante este cúmulo de deficiencias» y el propio diputado delegado de Bienestar Social mantenía hace unos días una reunión con su homónima en la Junta de Andalucía, Magdalena Sánchez, a quien ha epdido que agilice los requerimientos que están sin contestar y que podrían subsanar gran parte de las irregularidades detectadas.
«Igualmente, hemos mantenido encuentros con los alcaldes de Salobreña y Dúrcal para concretar la construcción de nuevos centros. En el caso del primero, que no tiene autorización provisional, ni previa ni definitiva, hemos manifestado nuestro compromiso de que si el Ayuntamiento cede un solar sin cargas y la Junta convoca la línea de ayudas para la construcción de centros sociales, Salobreña podrá contar con un centro nuevo. Al igual que Dúrcal, en cuyo proyecto ya trabajan los técnicos y que podría ser una realidad a final de año», ha informado Robles.

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