GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)
La Plataforma por la Defensa del Río Castril, en la provincia de Granada, ha criticado este martes que el Gobierno intenta convalidar las obras de su trasvase aprovechando la tramitación y aprobación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, pese a que el decreto que avalaba los trabajos fue invalidado por el Tribunal Supremo (TS).
Para el colectivo, dicha ley, «que nada tiene que ver» con las actuaciones relativas a la ordenación de los recursos hídricos de las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, pretende «en un claro intento de abuso de derecho» dar respaldo legal a las obras del trasvase, entre otras, al amparo del Real Decreto de Sequía 1419/2005.
Según ha señalado a Europa Press el portavoz de la plataforma, Miguel Ortiz, una vez conocida la firmeza de la sentencia del Tribunal Supremo, por la cual se ordenaba la paralización de las obras del trasvase y las expropiaciones, el Ejecutivo presentó una Enmienda de Adición en la Comisión de Medioambiente en una Ley que se estaba tramitando en ese momento, aunque en su primera votación fue rechazada. Posteriormente fue presentada en la Cámara del Senado y en el Congreso de los Diputados siendo aprobada por el grupo socialista en medio de un conjunto de medidas, «sin que en ningún momento se entrara a debatir dicha enmienda».
Por ello, la plataforma está dispuesta a «iniciar todas las acciones legales, tanto administrativas como las de índole penal a que hubiere lugar», incluso ante los Tribunales Europeos, ya que considera ·que este nuevo intento de legalizar las obras del trasvase por la puerta de atrás», es un «ataque directo» contra el derecho establecido por parte del Gobierno «sin el mas mínimo respeto al poder judicial».

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