GRANADA, 31 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ha archivado la investigación del llamado «caso Morelábor», en el que estaban imputados nueve cargos políticos –de PP, PSOE e independientes– por la posible comisión de delitos de cohecho relacionados con la moción de censura que dio al PP la Alcaldía de Morelábor, un municipio de la comarca de Los Montes de apenas 700 habitantes.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, en un auto de fecha 19 de mayo el juez atiende a la petición de la Fiscalía de Granada, que ya pidió el sobreseimiento de la causa, que se abrió a raíz de las denuncias interpuestas de manera separada por PP y PSOE por la supuesta compra de la voluntad de los concejales Belinda Clares y Celedonio Jiménez para que apoyaran en un caso y rechazaran en otro la moción de censura, que finalmente prosperó el 16 de noviembre de 2009.
Tras la toma de declaración de los imputados, el fiscal consideró que «no existe prueba» ni sobre la «concreción» ni sobre la realidad de una «oferta económica» cierta a los concejales Clares y Jiménez –que, pese a ser independientes, se presentaron en la lista del PSOE en las elecciones de 2007–, ni si éstos recibieron dinero o prebenda alguna, según señalaba el Ministerio Público en su resolución, a la que tuvo acceso Europa Press.
De hecho, según afirmaba el fiscal, los implicados sólo invocaron «conversaciones no contrastadas» y refirieron «promesas o expectativas en términos genéricos», según las interpretaciones de uno y otro lado, y «nunca avaladas por ningún testigo sujeto a la obligación de decir verdad».
Por ello, la Fiscalía concluyó que procedía el sobreseimiento de la causa dado que la jurisprudencia exige para el delito de cohecho que exista un ofrecimiento concreto de una cantidad económica o de un puesto de trabajo y, como quiera que ese ofrecimiento «no se ha podido acreditar» y sólo existen «dos bloques de declaraciones idénticas y contradictorias», entiende que en los hechos no existe el suficiente «apoyo probatorio».
El juez abrió diligencias de investigación penal después de la denuncia que el PP presentó tras la rueda de prensa que ofrecieron los concejales en la que afirmaron haber mantenido reuniones con los responsables provinciales del PSOE en las que éstos les aseguraron «que si no acudían a la moción de censura contra el alcalde socialista de Morelábor no iban a tener problemas en lograr ayudas en forma de trabajo o dinero por parte del PSOE».
Concretamente, la edil Belinda Clares manifestó que recibió presiones constantes por parte de los socialistas imputados para evitar su apoyo a la moción, «llegando hasta el punto de asegurarle que si la apoyaba no iba a tener dinero ni para pagar el colegio de su hijo».
El asunto había sido llevado en diciembre de 2009 por el PSOE a la Fiscalía, que denunció por cohecho a tres diputados del PP granadino por supuestamente haber ofrecido empleo a los dos concejales a cambio de que apoyaran la moción de censura, denuncia que fue trasladada posteriormente al juzgado.
Según el PSOE, los ediles se habrían visto forzados a apoyar esa moción por su situación «económica y familiar», dado que dos diputadas del PP –las denunciadas, junto al portavoz del PP José Antonio Robles, Teresa Fernández del Moral y María Victoria Molina– les ofrecieron a ambos «un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Guadix».

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