En una entrevista concedida a Europa Press, Rodríguez ha indicado que en Motril hay varios edificios de titularidad pública que incumplen la normativa, entre ellos el que alberga la sede del INEM y el Servicio Andaluz de Empleo, que tenía dos puertas, una de ellas adaptada, pero que con la ampliación de las oficinas ahora sólo está abierta una que tiene un escalón. Rodríguez afirma que si una persona llega en silla de ruedas «tiene que avisar a los funcionarios para que le abran la otra puerta», recordando al respecto que los discapacitados «son ciudadanos de primera y tienen que entrar por donde entra el resto de personas y no por la puerta de atrás». Así, el edil propone que se instale una rampa que va incrustada en la acera, «un elemento mecánico que no supone ningún desembolso económico elevado y además cuando no se usa se oculta bajo la acera», por lo que no afecta al tránsito como ocurre con algunas rampas de obra. JUZGADOS Y COLEGIOS Jacinto Rodríguez también ha lamentado que el Palacio de Justicia de Motril, «inaugurado hace pocos años, tenga multitud de escalones en la entrada principal», de modo que las personas que acuden en silla de ruedas o con un carrito de bebé tienen que entrar «por la puerta de la cochera y cruzar una especie de almacén» antes de entrar al juzgado. Por todo ello, el edil no adscrito considera que la actitud del Gobierno central y el de la Junta de Andalucía es «hipócrita», ya que ambos promueven las leyes de integración en igualdad de personas con discapacidad «pero luego son los primeros que las incumplen». El concejal también afirma que el edificio que alberga la Notaría de Motril tiene un escalón de acceso y además la rampa «tiene una pendiente que no cumple con la ley». Asimismo, ha indicado que en el último estudio que hizo de centros educativos, sólo uno estaba adaptado para personas con discapacidad, por lo que ha solicitado la intervención de la Delegación Provincial de Educación para adaptar los colegios motrileños. También ha reclamado que las empresas de transporte público cuenten «al menos con un vehículo adaptado de verdad» y no los autobuses denominados de piso bajo donde no hay anclajes para sujetar las sillas de ruedas. Según los datos que maneja el edil, la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, aprobada en 1999, daba un plazo de diez años para eliminar las barreras arquitectónicas. La normativa regional concedía el plazo de dos años para realizar un estudio de barreras, y los otros ocho para la ejecución de las obras. Según Rodríguez, el único ayuntamiento de la comarca que realizó el informe fue el de Motril y tuvo un coste de 150.000 euros. Ese documento era la herramienta para poder solicitar subvenciones, por lo que ha instado al alcalde del municipio, Carlos Rojas a «que saque el estudio del cajón y comience a pedir subvenciones» para eliminar las barreras que aún quedan, «aunque se ha hecho mucho en los últimos años». Tras abandonar el Grupo Municipal Socialista, Rodríguez cuenta con una oficina en la segunda planta del Consistorio de Motril donde atenderá a las personas que tengan dudas sobre temas de accesibilidad y de integración de personas con discapacidad. Europa Press

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