Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía de Granada, al que ha tenido acceso Europa Press, desde tiempo no concretado pero al menos durante el año 2006 y los posteriores hasta 2009, siete de los procesados, bajo el liderazgo y jefatura material del identificado como K.Z., vinieron todos formando parte integrante de una asociación «tan permanente como estable» dedicada a la traída hasta la ciudad de Granada y su posterior distribución en los polígonos residenciales de la ciudad de grandes cantidades de hachís procedente de Marruecos, con centro de operaciones en la provincia de Granada. La red se dedicaba a la introducción en territorio nacional de la droga, que posteriormente se distribuía tanto en localidades granadinas como en otras de España y de incluso otros países europeos. El considerado como «cabecilla» de la red, de nacionalidad marroquí, estaba amparado por la cobertura que le proporcionaban dos empresas que él mismo administraba, y dirigía la asociación «controlando todos los pasos de las operaciones», desde la búsqueda de contactos en Marruecos para abastecerse de la droga de diferente precio y calidad, como el transporte material de la sustancia hasta Granada y puntos periféricos, y su almacenaje debidamente seguro y oculto. También se encargaba de su distribución final y venta en alijos de mediano volumen, así como el reparto de «tan ilícitos beneficios así logrados». La cobertura societaria, sostiene el fiscal, proveía con las sociedades de K.Z. una estructura empresarial dedicada a importación y exportación de géneros de artesanía y mercancías en apariencia lícita y también un taller de automoción dedicado a compraventa de vehículos y la utilización de otros temporalmente cedidos como medio de transporte de la droga. Una de las acusadas, de nacionalidad boliviana, que trabajaba como recepcionista en el taller, en Cijuela, proporcionaba a la organización todas las tareas de apoyo administrativo y la logística de las comunicaciones, siendo en general «puente o filtro» ante terceros en las relaciones de éstos con K.Z. ESTRUCTURA JERARQUIZADA El hermano del presunto jefe le seguía jerárquicamente en la organización, «como custodio en labores de vigilancia», coordinación de tareas, y sobre todo almacenaje y depósito de los estupefacientes, aunque siempre siguiendo las órdenes de su principal. La novia de éste, española, actuaba también de filtro en la relación de otras personas con su pareja. Otro de los acusados, bajo la aparente «vestidura» de supuestas actividades relacionadas con la correduría e intermediación comercial en la compraventa de vehículos y propiedades inmobiliarias, suponía la apoyatura logística, actuando como comercial de la organización, intermediando en la venta del estupefaciente. El resto, se dedicaba al transporte, custodia o almacenaje de la droga. Fuera de esta organización delictiva, aparecen como coimputados cuatro personas más. Así las cosas, el 4 de agosto de 2009 varios de los acusados se vieron implicados en un incidente cuando transportaban la droga desde Huelva a Granada en el que fueron asaltados por otros individuos con un machete e incluso acuchillados. La Guardia Civil consiguió sin embargo interceptar el coche con la droga, más de 327 kilos de hachís, e intervino el de los asaltantes desconocidos. Tras esta pérdida, la organización preparó una nueva operación el 15 de septiembre de 2009, esta vez con 300 kilos, que también fueron intervenidos por la Guardia Civil en los aparcamientos del Centro Comercial Alcampo de Granada. Antes de que la siguiente operación programada se llevara a cabo, los agentes realizaron registros en varios domicilios, donde se encontraron grandes cantidades de droga y documentación. El 23 de octubre de 2009 otros coacusados intentaron de nuevo una entrega de hachís en el Alcampo, si bien fueron de nuevo interceptados. Por todo lo anterior la Fiscalía atribuye a un total de 13 procesados delitos contra la salud pública en algunos casos agravado en atención a la ingente cantidad de droga y comisión en el seno de una asociación u organización y de otro de tenencia ilícita de armas por el que cada uno de ellos se enfrenta a penas de entre un año y cinco meses de prisión y seis años, con multas de hasta seis millones de euros. Asimismo, el Ministerio Público pide el comiso del dinero intervenido a los imputados y los vehículos con los que transportaban la droga por ser «los instrumentos» por los que se llevaron a cabo los delitos, así como el embargo de las propiedades inmobiliarias de los procesados. El juicio se celebrará previsiblemente el próximo 30 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada. Europa Press

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