En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera probado que el 9 de mayo de 2006 el inculpado vendió una finca de su propiedad mediante un contrato privado de compraventa, conviniendo como precio de adquisición al cantidad de 66.500 euros «de los cuales 8.000 se hicieron efectivos con la firma del contrato» junto a 1.000 euros más entregados al agente inmobiliario que intervino en el acuerdo. El pago del resto del precio de la transacción quedó aplazado «hasta el momento en el que se produjera el otorgamiento de la escritura pública de compraventa». Sin embargo, el procesado, «actuando con ánimo de incorporar a su patrimonio la cantidad percibida a cuenta», vendió dicha finca a otra persona «mediante escritura pública» fechada el 20 de julio de 2006. El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de estafa, por lo que solicitó que se impusiera al acusado la pena de dos años y siete meses de prisión, indemnizar a los primeros compradores con la cantidad estipulada en el contrato más los daños y perjuicios ocasionados. La acusación particular reclamó la misma condena. La Fiscalía modificó sus conclusiones durante la vista oral rebajando la pena solicitada a un año y un día de presión, mientras que mantuvo el resto del escrito de acusación. Europa Press

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí