El alcalde de Otura (Granada), el «popular» Ignacio Fernández-Sanz, se sentará en el banquillo de los acusados de un Juzgado de lo Penal como imputado por un delito contra los derechos cívicos al haber supuestamente negado información a la oposición por el que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Según consta en el auto de procedimiento abreviado emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Santa Fe, al que ha tenido acceso Europa Press, de las diligencias practicadas durante la instrucción del caso «se deducen indicios racionales de criminalidad» del acusado, que fue denunciado por el concejal de IU Ángel Pertiñez por sus «constantes negativas» a facilitarle la información requerida por su grupo. Además, el regidor, para el que la acusación particular (IU) pide cuatro años de inhabilitación, habrá de pagar una fianza de 4.000 euros para aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse pertinentes.

Europa Press

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